CALIFORNIA.- Los agentes del Servicio del Control de Inmigración y Aduanas (ICE) seguirán operando en California sin la obligación de llevar a la vista su nombre, su número de placa o la agencia para la que trabajan. Un tribunal federal de apelaciones concluyó que el estado no tiene facultades para imponerles esa regla, de acuerdo con el fallo del Noveno Circuito.
La decisión, que tomó un panel de tres jueces, deja sin efecto, para los agentes federales, la llamada No Vigilantes Act (SB 805). Con esa ley, California buscaba que cualquier policía sin uniforme se identificara durante arrestos y detenciones. La otra ley estatal, la que les prohibía cubrirse el rostro, también está bloqueada para los agentes federales, de modo que ninguna de las dos protecciones que aprobó el estado se aplica en la práctica a ICE.
Como las decisiones de esta corte obligan a nueve estados del oeste, la sentencia también pone bajo presión las leyes parecidas que Washington y Oregón aprobaron en 2026. Además deja una duda práctica para muchas familias inmigrantes, que necesitan saber cómo reconocer a un agente real cuando no lleva su nombre a la vista.
¿Qué decidió el Noveno Circuito sobre la No Vigilantes Act?
El gobierno federal demandó a California, al gobernador Gavin Newsom y al fiscal general Rob Bonta en noviembre de 2025, dos meses después de que el estado aprobara la ley. En primera instancia, la jueza federal Christina A. Snyder se negó a frenarla porque consideró que el gobierno federal no había demostrado que la norma interfiriera con sus operativos. El gobierno apeló, y el Noveno Circuito mantuvo la ley en pausa desde febrero mientras revisaba el caso.
En la decisión publicada el 14 de octubre, los jueces Jacqueline H. Nguyen, Mark J. Bennett y Daniel P. Collins revocaron la postura de Snyder. Le ordenaron dictar una medida que impida a California aplicar la ley contra agentes y agencias federales. Para el tribunal, un estado no puede regular de forma directa la manera en que el gobierno federal hace cumplir sus propias leyes, y eso es justo lo que hacía la SB 805 al decirle a un agente cómo y cuándo identificarse.
Los magistrados también descartaron que importe si la regla era una carga grande o pequeña para los agentes. A su juicio, basta con que se trate de una regulación directa, sin permiso del Congreso, para que sea inválida. En el texto llegaron a afirmar que el gobierno federal tiene la victoria asegurada, aunque el caso todavía debe seguir su curso en la corte de distrito.
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