MCALLEN.- Los siete mexicanos que fueron detenidos tras intentar robar a mano armada la joyería Deutsch & Deutsch de La Plaza Mall de McAllen, Texas no son residentes de Tamaulipas, son originarios de la Ciudad de México y de Puebla, confirmó Eduardo Bernal Martínez, cónsul de México en McAllen.
“Estas personas, son jóvenes entre los 20 y 30 años, uno de Puebla, y seis son del Distrito Federal (CDMX), de la Delegación Madero y de la Delegación Cuauhtémoc”, señaló Bernal.
La identidad de los siete ya está confirmada, aclaró el cónsul, se llaman Alberto Rafael Barrera Sánchez, de 33 años; Raúl Alberto García Oceguera, de 43; Abdiel Daniel Pozos Zepeda, de 25.
Además de Mario Moreno Ochoa, de 23, José Angel Mejía Rodríguez, de 28, Sabás Gael Loera Ramírez, de 23 y Miguel Ángel Quintanilla Cárdenas, de 26.
“Alberto Rafael Barrera es de Chignahuapan, Puebla; los demás de la Delegación Cuauhtémoc y de la Delegación Gustavo A. Madero”, puntualizó.
Indicó que todavía no saben si tienen antecedentes penales en México y cuanto tiempo llevaban viviendo en Texas.
“Le corresponde a las autoridades americanas solicitarlos, cuando lo soliciten les daremos la información, en este momento a nosotros nos corresponde cuidar que se lleve a cabo el proceso”, afirmó.
Pero el cónsul manifestó que hay evidencia suficiente para afirmar que los siete mexicanos ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, ya que hasta identificaciones falsas portaban.
“Son indocumentados todos ellos, la Corte ya emitió sentencia, fijó fianza de 200 mil dólares a dos de ellos, y a los otros cinco, 20 mil dólares más por sumarle el delito de portación de documentos falsos”, precisó.
Detalló que según la información que obtuvo el Departamento de Protección del Consulado Mexicano en McAllen, los siete procesados no tenían antecedentes penales.
“Pareciera que sólo han cometido este delito”, dijo, “dos están por robo agravado y cinco por robo agravado y falsa documentación para identificación”.
Bernal Martínez, informó que, como cónsules tienen la obligación de representarlos para supervisar que sean juzgados conforme al proceso y que no se violenten sus derechos.
“Finalmente tendrán que atenerse a las consecuencias, pero el Gobierno mexicano tiene que vigilar que no se atente contra sus derechos humanos”, acotó el cónsul.
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