CD. DE MÉXICO.- Entre quejas de presión contra los opositores y amagos de que con 85 legisladores el Senado alcanza la mayoría calificada, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara Alta avalaron – con el voto mayoritario de Morena, PT y Verde – la minuta de la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se prevé que el pleno le dé primera lectura mañana y que el miércoles de debata.
De manera paralela, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, advirtió que con el cambio constitucional se avecina una “demolición” del Poder Judicial y puso sobre la mesa una propuesta alternativa que permita lograr un sistema integral de seguridad pública y justicia.
Son dos documentos que plantean eliminar la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular, y en su lugar crear una Ley Nacional de Carrera Judicial a fin de unificar las reglas para el acceso y promoción en los cargos.
Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial realizaron dos propuestas ayer en la capital del país, donde el ministro en retiro José Ramón Cossio afirmó que los mexicanos votaron por nuevas personas, no por la reelección de nadie y menos por la instauración de un nuevo Maximato nacional.
La propuesta de reforma judicial que está en marcha quiere justificarse en beneficio al pueblo, en la invocación a ese cuerpo abstracto e ignorado que a lo largo de los siglos y especialmente en estos años ha servido para justificar atrocidades y obtener beneficios, consideró el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, sobre un templete y bocinas que fueron instaladas en las inmediaciones del Senado de la República.
“Respetuosamente les pedimos de forma pacífica, de forma constitucional, a los senadores, que al votar no invoquen la tan gastada solución al juicio de la historia, esta es una fuga del presente en el que tienen que actuar. Con el mismo respeto les pedimos a los 128 senadores que no se escapen de sí mismos, invocando su mera tranquilidad de conciencia.
“Como ciudadanos les pedimos que se enfrenten a sí mismos, sin las mediaciones de sus líderes de hoy, sin los escapismos de las falsas conciencias y sin posponer su propia individualidad en la fantasía de una historia incierta por hacerse”, aseveró ante miles de trabajadores del PJF y universitarios, quienes marcharon del Hemiciclo a Juárez, así como del Ángel de la Independencia al Senado.
Debido a que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado dictaminarían la minuta de reforma al PJF.
El ministro en retiro sostuvo que, en las próximas horas, México estará frente a una encrucijada histórica y remarcó que los senadores tendrán que decidir entre varias posibilidades; en el ámbito personal cómo quieren verse a sí mismos; cómo quieren integrarse a un movimiento al que habrán de delegar su decisión o quieren verse como individuos que conscientemente han decidido actuar por una voluntad propia.
El también doctor en derecho hizo una pausa en su discurso, entre empujones los trabajadores del PJF hicieron una valla humana y dieron paso a los panistas Ricardo Anaya y Marko Cortés para que pudieran ingresar al Senado.
Los presentes exclamaron: “¡No están solos!”, “¡No están solos!”, “¡Senador, Senador defiende con valor!”.
El ministro en retiro recordó que las personas que votaron por Morena y sus aliados, el 2 de junio, se expresaron por los candidatos que compitieron en esa jornada, no por quienes ya ocupaban un cargo público.
“Votaron por nuevas personas y nuevas protestas. No por la reelección de nadie y menos por la instauración de un nuevo Maximato nacional, si la propuesta de reformas efectivamente atendiera a las urnas, habría tenido que considerar que nuestra nación se compone por más de 130 millones de personas y no solo por los votantes de Morena y sus aliados”, remarcó.
Dijo que, una vez concluidas las elecciones, el buen gobierno tiene que ejercerse sin distingos partidistas y comentó que no hacerlo podría insertar el germen de la dimisión y tal vez el de la guerra civil.
“La propuesta de reforma judicial que está en marcha no busca beneficiar a los habitantes de México, se utiliza para centralizar el poder y minimizar los contrapesos a su ejercicio”, precisó.
En su intervención, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del PJF, aseguró que la reforma lo único que pretende es concentrar el poder en una sola persona para dominar a todos y externó que 43 senadores votarán en contra de la reforma.
Los manifestantes gritaron “¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!” y ondeaban banderas de México al son de cornetas, matracas y manitas aplaudidoras.
La jueza Juana Fuentes, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), enfatizó que la independencia judicial es la garantía de que la justicia se impartirá de manera imparcial y justa, sin influencias políticas ni presiones externas.
“Es el baluarte que protege nuestros derechos y libertades. Sin embargo, hoy enfrentamos desafíos que buscan socavar esta independencia y, con ella, la democracia”.
La jueza aseguró que la polarización y la intolerancia intentan debilitar a las instituciones y erosionar la confianza en la justicia.
“Juntos, podemos resistir los intentos de menoscabar nuestra independencia y asegurar que la justicia siga siendo un refugio para todos”.
A la marcha asistieron Margarita Zavala, exprimera dama; Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral y Guadalupe Acosta Naranjo, coordinador del Frente Cívico Nacional.
También la periodista Beatriz Pagés; José Woldenberg, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral y Santiago Creel, exsenador.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, advirtió riesgos de una “demolición del Poder Judicial” con la aprobación de la reforma respectiva, que ya fue avalada en la Cámara de Diputados y está próxima a ser votada en el pleno del Senado.
Por lo anterior, puso sobre la mesa una propuesta alterna de reforma que, aseguró, permitirá lograr un sistema integral de seguridad pública y justicia en México.
“Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil academias estudiantes y víctimas de violencia”, expresó.
Se trata de dos documentos redactados por integrantes de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que entre otras cosas, plantean eliminar de la reforma presidencial, la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular; y en su lugar crear una Ley Nacional de Carrera Judicial, que unifique reglas y procedimientos para el acceso y la promoción en los cargos en cuestión.
También proponen eliminar del proyecto la creación de un Tribunal de disciplina, destinar más presupuesto al Poder Judicial, la contratación de más personal, así como generar de manera paralela, nuevas políticas públicas de seguridad para extinguir la figura de la prisión preventiva oficiosa y para “desmilitarizar al país”, entre otras cosas.
Piña Hernández dijo que las propuestas “son resultado de un amplio diagnóstico que integra las necesidades reales, tanto de quienes tienen a su cargo funciones de seguridad y justicia, como de quienes interactúan con ellos”, las cuales incluyen la opinión de jueces federales, magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales.
Detalló además, que ambas propuestas coinciden con las múltiples recomendaciones y decisiones que han dirigido al Estado mexicano, organismos internacionales e interamericanos de los Derechos Humanos, así como organizaciones de la sociedad civil.
“Hoy todavía es posible, por eso una vez más hago de frente un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores y a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia, que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre Poderes de la Unión, escuchemos a las víctimas de violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos, escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz”, solicitó.
En el mensaje, la ministra presidenta estuvo acompañada del consejero Sergio Javier Molina Martínez, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el ministro Luis María Aguilar Morales, la consejera Lilia Mónica López Benítez y el consejero José Alfonso Montalvo Martínez.
Finalmente, Piña Hernández advirtió que la demolición del Poder Judicial no es la vía, como se pretende hacer mediante la reforma al sistema de justicia, por lo que insistió en que juntos, los Poderes Legislativo y Judicial, pueden dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita.
“Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces, quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente, nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos”, concluyó.
En uno de los documentos, titulado La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura, se explica que a lo largo de los últimos meses, la Escuela Federal de Formación Judicial en coordinación con la SCJN y el CJF organizó 192 conversatorios, que se desarrollaron en las 32 entidades federativas y en cada uno de los circuitos judiciales del país, en los cuales participaron más de 700 personas.
En ellos se reconoce la necesidad de mejorar el sistema de justicia en su integridad, sin embargo, se advierte una fuerte preocupación por el riesgo de que haya un “desmantelamiento” de la carrera judicial, y se cuestiona la viabilidad de la elección popular de personas juzgadoras.
“Dentro de las mesas y talleres de trabajo se reiteró que esta forma de selección de las personas juzgadoras puede constituir una amenaza a la independencia judicial y una posible violación de principios constitucionales, como la división de poderes, y los frenos y contrapesos”.
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