CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado aprobó con 90 votos a favor y cuatro en contra (PT), el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la envió a la Cámara de Diputados para su discusión.

Esta ley promueve una pena de 10 a 20 años de prisión, y de 500 a mil días de salario mínimo como multa, al funcionario que incurra en alguna de las conductas establecidas en este nuevo marco normativo y que cuando se trate de un particular, se le impondrá una pena de cuatro a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.

Las penas previstas para este delito podrán aumentarán 50% cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, mujer, migrante, adulto mayor, indígena, discapacitado o haya sido sometida a cualquier forma de violencia sexual.

De igual manera se castigará que un funcionario cometa el delito de tortura cuando, a fin de obtener información o una confesión, cause dolor o sufrimiento físico o síquica a una persona.
Al presentar el dictamen, la senadora Angélica de la Peña (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo se trata de una ley “que deja claro que la tortura es un delito grave”.