MÉXICO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una multa de 197 millones de pesos en contra del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la operación de un fideicomiso destinado a recaudar recursos para damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Por 10 votos a favor y 1 en contra, los consejeros electorales determinaron que Morena violó la ley electoral al crear, en septiembre del año pasado, el fideicomiso “Por los demás”, mismo que recibió 78 millones de pesos: 44 millones en efectivo, 14.7 en cheques de caja y 19.7 en transferencias.
Pese a que no se acreditó que los recursos entregados hayan provenido de las prerrogativas de Morena, ni que el dinero recaudado haya sido utilizado para financiar la campaña de algún candidato, el INE consideró que Morena incurrió en un delito al establecer un esquema de financiamiento paralelo al de las partidas presupuestales asignadas a los partidos.
“A diferencia de lo que se planteaba por parte del partido denunciante (PRI), no hay ninguna evidencia de que los recursos involucrados hayan tenido un fin electoral o para beneficiar a las campañas. No hay ninguna constancia en ese sentido”, señaló el consejero presidente, Lorenzo Córdova, durante su intervención en el debate.
De acuerdo con el proyecto de dictamen, pese a que el fideicomiso se constituyó como una figura privada, su creación fue anunciada por el entonces dirigente nacional de Morena, el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador, lo que implicó un acuerdo ratificado por el CEN de Morena. Además, algunos de los miembros del fideicomiso son militantes y colaboradores del partido, por lo que se confirma su injerencia en un esquema de financiamiento ajeno al que permite la ley.
“No se trata de una conducta irregular aislada. Se constituye una figura permitida, un fideicomiso, pero se incumple la obligación de informar a la autoridad. El fin de este fideicomiso, dar dinero a la población, es ilegal para un partido. Después, se nutre de recursos en su mayoría de recursos de procedencia desconocida y de empresas, luego se saca el dinero en efectivo sin dejar huella, lo que es contrario al manejo lícito de las finanzas partidistas. Estamos ante una conducta que tienen nombre: fraude a la ley”, indicó en su intervención el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización.
Por su parte, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, el único que votó en contra del proyecto de sanción, consideró que existió una violación al debido proceso en el caso, por lo que pidió la nulidad del mismo. Ruiz Saldaña acusó que las filtraciones en medios sobre el avance del procedimiento, registradas apenas unos días antes de la elección del 1 de julio, tuvieron como objetivo perjudicar, ante la opinión pública, al partido denunciante, por lo que se afectaron sus garantías.
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