GUERRERO.- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), explicó cómo habría operado Ángel Aguirre, exgobernador del estado de Guerrero, para borrar evidencia clave en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa en 2014.
El exmandatario estatal fue detenido en el Estado de México en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia.
Así habría operado Ángel Aguirre para borrar evidencia en el caso Ayotzinapa
De acuerdo con la fiscal, el exgobernador Ángel Aguirre ordenó que se le entregaran las imágenes que las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala captaron la noche del 26 de septiembre de 2014 tras la detención del autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban algunos de los normalistas desaparecidos.
Además de haber ordenado la entrega de las grabaciones, el exgobernador habría amenazado a quien le entregó las grabaciones a fin de mantenerlo en silencio.
“En enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien la sustrajo para entregarlas directamente a Ángel N. Además de referir amenazas que explicaban su silencio previo”.
Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República
Como parte de la operación para borrar evidencia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Ángel Aguirre, entonces gobernador en funciones, llamó a una reunión con mandos de primer nivel de su administración en donde giró instrucciones de eliminar todo tipo de evidencia relacionada con el caso.
“En mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio al señalar que Ángel “N” ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su Gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala”.
Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República
A decir de la FGR, las indagatorias permiten establecer que el ocultamiento de las grabaciones no fue una falla técnica, sino el resultado de “una operación dolosa”.
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