SALTILLO, COAHUILA.- La casa del sacerdote de nacionalidad estadounidense, Robert Francis Coogan Hangarte, de 62 años, fue allanada por hombres que vestían uniformes parecidos a los que utilizan los miembros del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), denunció el obispo de la Diócesis de Saltillo, Fray Raúl Vera López.
Detalló que eran cinco hombres y una mujer, quienes llegaron en una patrulla con logotipos de la policía estatal Fuerza Coahuila, “sembraron droga” y se llevaron a una persona que se alojaba en la vivienda del cura.
A través de un comunicado narró los hechos ocurridos en el domicilio del padre en la colonia Saltillo 2000, minutos después de la media noche del jueves 16 de marzo pasado.
Relató que Coogan Hangarte se encontraba dormido en su habitación de la planta alta y se despertó por el escándalo que provocaron los intrusos, los cuales entraron al domicilio sin orden de cateo de un juez.
El obispo dijo que el encargado de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis Local, relató que en su casa se hospedan tres personas que estuvieron en prisión, Robert Roberto Zúñiga, Eliseo Castillo y Herón Briones Leyva, quien padece de discapacidad.
La noche del jueves, un grupo de presuntos policías irrumpió en la vivienda en busca de droga. El cura se despertó al escuchar ruidos y los gritos de Roger, quien les exigía salir de la vivienda.
El presbítero bajó a ver qué pasaba, cuando una agente trató de detenerlo con un manotazo y subió los cuartos a buscar droga.
En la planta baja, uno de los supuestos policías señaló hacia una mesa y dijo que ahí había “un paquete de marihuana”, acto seguido lo tomó y, sin dar explicación alguna, detuvo a Roger y se lo llevaron arrestado.
Vera López, demandó a las autoridades estatales esclarezcan este abuso y atropello: “Para que de manera oportuna tomen cartas en este asunto tan delicado, porque grupos de la delincuencia organizada utilizan equipo para uso exclusivo de las fuerzas de seguridad con el que amedrentan e intimidan a los ciudadanos”, reclamó.
Asimismo, confió en que las autoridades competentes (la Procuraduría General de Justicia del Estado) investiguen y esclarezcan estos hechos (para dar con los responsables y que respondan ante la ley).
“Exigimos que se trabaje para salvaguardar la seguridad de las personas que viven en Saltillo”, agregó.
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