CD. DE MÉXICO.- La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha expresado una preocupación respecto a la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta medida, en respuesta a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), podría resultar en la liberación de hasta 68 mil presuntos delincuentes que se encuentran actualmente bajo este régimen.
Alcalde ha destacado que la decisión de la Suprema Corte podría tener un impacto significativo en la seguridad y la paz del país, ya que se verían afectados casos que involucran acusaciones de homicidio, secuestro, violación, narcotráfico, portación de armas, feminicidio, abuso infantil, corrupción de menores y delincuencia organizada.
Piden a la SCJN no quitar la prisión preventiva oficiosa
La Secretaria ha subrayado que la medida propuesta por la Suprema Corte surge de la resolución de la CIDH, que insta a México a adecuar sus leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva. Sin embargo, Alcalde ha señalado que esta resolución no debería permitir que un organismo internacional dicte cambios en la legislación nacional, y que la defensa de la Constitución mexicana recae en la propia Suprema Corte.
Además, se ha destacado el impacto desproporcionado que esta medida tendría en el sistema de justicia, especialmente en entidades como el Estado de México, donde se encuentran más de 21 mil personas bajo prisión preventiva oficiosa. Se ha advertido sobre los riesgos para testigos, víctimas, personal policial, judicial y la población en general, así como la posible comisión de nuevos delitos y la carga adicional para las fiscalías y los juzgados.
En este sentido, la Secretaria de Gobernación enfatizó la necesidad de que la Suprema Corte considere las implicaciones totales de su decisión y defienda la soberanía jurídica de México ante influencias externas.
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