CD. DE MÉXICO.- En México existe una “cadena de impunidad” que es generada por un “terrible” déficit de policías, ministerios públicos, jueces y magistrados, alertó Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, uno de los coordinadores del Índice Global de Impunidad México 2022, que se presenta este martes.
El Índice Global de Impunidad México, que es realizado desde el 2015 por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), destaca que el país ya no ocupa los primeros lugares en la lista de países con mayor impunidad y que su puntuación promedio se redujo de 69.84 a 60.08 puntos en comparación con la edición anterior de 2018, sin embargo, aún presenta un nivel alto de injusticia.
En entrevista con Infobae México, Rodríguez Sánchez Lara explicó que las instituciones de procuración e impartición de justicia están “fracturadas” y “colapsadas” principalmente por un desinterés de los gobiernos y congresos estatales que no invierten lo suficiente en sus aparatos de seguridad.
“Los estados no invierten lo suficiente en sus aparatos de seguridad, pero también los congresos estatales no proveen de recursos suficientes a las fiscalías de los estados, ni a poderes judiciales estatales, por eso es que vemos esta terrible cadena de impunidad”, dijo el coordinador.
Déficit de policías, fiscales y jueces
Esta falta de interés, y por lo tanto de recursos, de los gobiernos y congresos estatales se evidencian en el déficit de policías, ministerios públicos, jueces y magistrados.
“México tiene, de entrada, un déficit terrible de jueces y de magistrados, poco más de cuatro jueces por cada 100 mil habitantes. Cuando el promedio en América Latina es aproximadamente de nueve y a nivel mundial el promedio es de 17″, aseguró Gerardo Rodríguez Sánchez Lara.
Y agregó: “Eso quiere decir que México está a la mitad de los países de América Latina y a una cuarta parte a nivel mundial, en cuanto al promedio de jueces y magistrados que se necesitan”.
A este ritmo de crecimiento, señala el índice, el país tardará al menos 16 años en alcanzar el promedio de los países de América Latina y 35 años para conseguir el promedio internacional.
Lo mismo sucede en las policías estatales, explicó Rodríguez Sánchez Lara, en México hay 0.9 uniformados locales por cada mil habitantes, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) pide al menos 1.8, es decir, hay un déficit de prácticamente la mitad.
“Tenemos casi la misma proporción de ministerios públicos para investigar los delitos, aproximadamente cuatro ministerios públicos por cada 100 mil habitantes”, mencionó el también director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla.
El auxilio del Ejército, la ‘cómoda’ salida
“No hay interés de los gobiernos estatales por tener un un sistema potente de seguridad y justicia que reduzca los niveles de impunidad (…) Si no tienes policías locales, no se puede prevenir el delito; no se investiga, si no tienes ministerios públicos; y no se castiga al momento en que llega al aparato de justicia”, lamentó Rodríguez Sánchez Lara.
Como consecuencia de esta “cadena de impunidad”, las autoridades estatales recurren a una salida “cómoda” cuando la violencia y criminalidad los rebasa: el Ejército.
“Si los gobiernos estatales no están invirtiendo en tener estados de fuerza suficientes en sus policías estatales, pues se les hace muy cómodo solicitar el apoyo y el auxilio de la Guardia Nacional”, dijo uno de los coordinadores del Índice Global de Impunidad México 2022.
Las palabras de Rodríguez Sánchez Lara se dan en el contexto de la reforma constitucional que aprobaron en el Congreso para la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública hasta 2028.
“Aquí está la respuesta en términos cuantitativos de por qué los gobiernos estatales piden a gritos que los auxilien elementos federales, porque ellos no han invertido y no tienen capacidades profesionales, es una trampa en la que se ha caído”, mencionó.
De acuerdo con el último informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el país hay desplegados 146 mil 559 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, de los cuales 80 mil 215 -más de la mitad- forman parte de la “estrategia nacional de seguridad pública”.
El top de la impunidad
El Índice Global de Impunidad México 2022 enlista a los estados con el mayor nivel de injusticia.
La entidad que encabeza el mayor índice de impunidad es el Estado de México, con 74.55 puntos, gobernador por el priista Alfredo del Mazo; le sigue Baja California, con 69.84 puntos, cuyos últimos dos gobiernos han sido de Morena, Jaime Bonilla y Marina del Pilar Ávila, quien recién tomó el puesto el año pasado.
El tercer estado es Veracruz, con 65.56 puntos, también gobernador por un morenista: Cuitláhuac García; al igual que Puebla, cuyo gobernador es Miguel Barbosa, y obtuvo 63.90 puntos.
Querétaro continúa en la lista, con 63.65 puntos, gobernada por Mauricio Kuri, quien recién recibió la gubernatura hace un año de Francisco Domínguez, ambos panistas. En sexta posición aparece Jalisco, con 63.40 puntos, cuyo mandatario es Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano.
Le sigue Sinaloa, con 63.59 puntos, gobernada por Rubén Rocha, de Morena, quien recién tomó posesión, su antecesor fue el priista Quirino Ordaz. Aguascalientes, con 62.9 puntos, gobernada por María Teresa Jiménez, quien recién recibió la gubernatura de Martín Orozco Sandoval, ambos panistas.
Los dos últimos estados que forman parte del top de la impunidad son Chiapas, con 62.07 puntos, y Michoacán, con 61.99 puntos. Ambas entidades gobernadas por morenistas, Rutilio Escandón y Alfredo Ramírez, este último recibió el nombramiento recientemente como sucesor del perredista Silvano Aureoles.
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