MONTERREY.- Una fumigación realizada en el Parque Sierra Alta, también conocido como Rincón de los Encinos, en Monterrey, desató una polémica ambiental y política. Personal contratado por el equipo de la diputada local Lorena de la Garza aplicó insecticida el 12 de noviembre en un área identificada como refugio de mariposa monarca, en plena temporada migratoria de esta especie protegida.
La aplicación se hizo como preparativo de una jornada de vacunación contra dengue e influenza organizada por la legisladora. Según la propia diputada, el área tratada fue de unos 40 metros cuadrados. Tras advertir el posible impacto, consultó a un biólogo y regó el parque con abundante agua para diluir el producto.
Una petición en Change.org que exige la destitución de la legisladora superaba las 200 mil firmas al 18 de noviembre. Activistas y organizaciones ambientales condenaron la fumigación, realizada sin permisos aparentes en una zona de alto valor ecológico, y advirtieron sobre posibles delitos contra la biodiversidad. Arturo Islas Allende también la criticó y pidió sanciones ejemplares.
La Secretaría de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León abrió una investigación de oficio para documentar los hechos e identificar a quienes ordenaron y ejecutaron la fumigación. La PROFEPA ordenó suspender cualquier fumigación o alteración en el sitio y pidió un plan de remediación ambiental.
Además, se prepara una denuncia ante la PROFEPA y la Fiscalía General de la República por posibles delitos ambientales. Se analiza si hubo violación al artículo 420 del Código Penal Federal, que prevé de uno a nueve años de prisión y multa de 300 a 3 mil días por dañar especies protegidas o sus hábitats.
En un comunicado, De la Garza reconoció que su equipo realizó una fumigación «que no debió haberse llevado a cabo» y asumió la responsabilidad. En un video difundido el 17 de noviembre aseguró que no hay ejemplares muertos ni afectados y que el programa de fumigación ya no está activo.
Las investigaciones continúan para determinar el impacto real. La destitución de una diputada local no depende de la petición ciudadana, sino de los procedimientos legales y de las decisiones del Congreso de Nuevo León.
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