MÉXICO.- El Gobierno federal presentó una investigación sobre una presunta red empresarial que obtuvo contratos millonarios con el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales estatales durante al menos 27 años. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló a dos hermanos por presuntamente simular competencia para concentrar la fabricación de materiales electorales.
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las contrataciones comenzaron en la década de 1990, antes de las administraciones de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei.
La investigación, elaborada a partir de fuentes abiertas, identifica empresas, relaciones laborales y adjudicaciones realizadas por distintas autoridades electorales.
¿Quiénes son los empresarios señalados por Anticorrupción?
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, identificó a los hermanos José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas como integrantes de una presunta red de proveedores electorales.
De acuerdo con la funcionaria, ambos trabajaron anteriormente en la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Posteriormente, participaron en la creación de empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de materiales electorales, entre ellas:
- Cartonera Plástica
- Formas Finas
- Cajas Graf
Buenrostro sostuvo que estas compañías habrían participado en procedimientos de contratación mediante un esquema de simulación de competencia, con el propósito de concentrar adjudicaciones.
La funcionaria señaló que el grupo comenzó a contratar con el entonces Instituto Electoral del Estado de México y posteriormente amplió sus operaciones a otras entidades.
Más de 2 mil millones de pesos en contratos electorales
Uno de los principales hallazgos presentados por Anticorrupción corresponde a las contrataciones realizadas después de la reforma electoral de 2014.
Según Buenrostro, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) otorgaron contratos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.
Entre 2014 y 2023, estas contrataciones superaron los 2 mil millones de pesos, de acuerdo con las cifras expuestas por la dependencia federal.
La secretaria explicó que el esquema adquirió mayor alcance después de que el INE obtuvo la facultad de designar a los integrantes de los órganos superiores de dirección de los OPLE.
Sin embargo, las adjudicaciones señaladas corresponden a distintos organismos electorales y periodos administrativos. La investigación deberá determinar si existieron irregularidades y quiénes participaron en ellas.
UIF inmoviliza cuentas bancarias tras denuncias de la ASF
La presidenta informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó cuentas bancarias relacionadas con la investigación, a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sheinbaum indicó que las autoridades deberán continuar las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.
También sostuvo que los procedimientos de contratación de materiales electorales necesitan mayor transparencia, tanto en el INE como en los organismos estatales.
La inmovilización de cuentas constituye una medida administrativa y no representa, por sí misma, una sentencia que acredite responsabilidad penal.
Sheinbaum: presuntas irregularidades comenzaron antes de Taddei
La mandataria rechazó que las presuntas irregularidades hayan comenzado durante la gestión de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE.
Señaló que existen antecedentes desde la década de 1990 y que las contrataciones continuaron durante distintas administraciones, incluida la de Lorenzo Córdova.
También recordó que Taddei fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014, cuando Córdova encabezaba el INE.
Sheinbaum insistió en que corresponde a las autoridades fiscalizadoras y ministeriales investigar los hechos, revisar los contratos y deslindar responsabilidades.
Gobierno plantea fortalecer Talleres Gráficos de México
Como parte de las medidas anunciadas, Sheinbaum adelantó que la próxima semana presentará un decreto para reestructurar y modernizar Talleres Gráficos de México.
La propuesta contempla modificar su Consejo de Administración e incorporar mecanismos adicionales de supervisión.
Entre los cambios planteados se encuentran la participación de la ASF como observadora y la incorporación de instituciones académicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Tecnológico de Monterrey.
La presidenta propuso que una mayor proporción de los materiales electorales se fabrique mediante esta empresa estatal.
Para otros productos, como urnas y mamparas, planteó ampliar la participación de fabricantes nacionales mediante contrataciones directas con productores y reglas claras de precios.
El objetivo, explicó, es reducir la concentración de contratos y transparentar los costos de los materiales utilizados durante los procesos electorales.
¿Dónde están Taddei y los empresarios señalados?
Al ser cuestionada sobre el paradero de Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas, Sheinbaum respondió que presume que permanecen en México.
No obstante, aclaró que esa información deberá verificarse mediante las investigaciones correspondientes.
Por ahora, las acusaciones forman parte de una investigación presentada por el Gobierno federal. Las autoridades competentes deberán establecer si las contrataciones señaladas constituyeron faltas administrativas o delitos.
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