TAMAULIPAS.- Suman al menos 12 denuncias civiles y penales contra notarios públicos que ya fueron judicializadas, principalmente por presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con bienes inmuebles.
A la par, el gobierno de Tamaulipas mantiene abiertas 41 investigaciones administrativas contra igual número de notarías del estado, derivadas de quejas ciudadanas por irregularidades que van desde cobros indebidos hasta despojos de propiedades realizados con respaldo de la fe pública.
“Denuncias que se han judicializado contra notarios públicos hay en el ámbito civil y penal, debe haber alrededor de 12 denuncias derivadas de esta administración que son las que están en proceso de integración”, señaló la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Contreras López.
Entre los principales señalamientos se encuentran presuntas modificaciones patrimoniales realizadas sin voluntad de los propietarios de transferir determinados bienes o inmuebles. “Básicamente en temas de alguna modificación patrimonial que no corresponde, según el dicho de las personas que han ido a denunciar, a una voluntad de trasladar alguna propiedad o un inmueble”, detalló.
Se trata de denuncias en proceso y que corresponderá a las investigaciones determinar si existieron irregularidades. Los casos se concentran en Reynosa y en municipios de la zona conurbada del sur del estado.
Desde el inicio de la administración, la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales ejecutó cerca de 200 inspecciones en el estado.
El Poder Judicial confirmó la revocación de al menos una patente por fraude en procesos de dominio de bienes inmuebles, detectado por el Registro Catastral y Registral de Tamaulipas, mientras la Fiscalía General de Justicia mantiene carpetas abiertas por denuncias de particulares afectados.
La irregularidad de mayor impacto social es el despojo inmobiliario mediante escrituración fraudulenta: propietarios que se ausentaron de sus predios los encontraron transferidos a terceros sin haber celebrado ninguna compraventa, con escrituras formalizadas por notarios que avalaron la operación.
La autoridad documentó ese patrón desde 2017 en Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y la zona conurbada del sur del estado, sin que los dueños reales hubieran participado en las operaciones que los privaron de su patrimonio.
El mecanismo que hace posibles esos despojos es la suplantación de identidad: identificaciones falsas, poderes apócrifos y firmas usurpadas se presentan ante el fedatario público, quien da fe sin verificar la identidad real de quienes comparecen ante él. En Reynosa se detectó la circulación de poderes notariales tramitados supuestamente ante un fedatario de Linares, Nuevo León, ya fallecido, acompañados de credenciales de elector con fotografías falsas, lo que llevó al Colegio de Notarios a emitir alertas internas al gremio.
La variante más sofisticada es la falsificación de sentencias judiciales: el Registro Catastral detectó documentos apócrifos de resoluciones que se presentaron ante notarios para acreditar dominio de inmuebles y escriturarlos a nombre de terceros.
El Poder Judicial respondió con un sistema de verificación mediante código QR, vigente desde el 30 de marzo de 2026, con el cual las sentencias pueden autenticarse en tiempo real antes de que el notario formalice cualquier acto.
Los cobros indebidos y la retención deliberada de trámites son, en tanto, las irregularidades más frecuentes en el volumen de quejas: escrituras retenidas, libertades de gravamen demoradas y honorarios superiores al arancel legal se repiten en notarías de varios municipios.
En Reynosa, la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta contra 15 notarios públicos. Elementos de la Policía Ministerial Investigadora se apostaron en el exterior de cuatro notarías mientras se extraían protocolos, folios, libros y apéndices del periodo 2020-2024, documentación trasladada a la Dirección General de Notarías en Ciudad Victoria.
Los delitos investigados y los nombres de los implicados no han sido revelados, y la carpeta permanece activa sin resolución. En la zona sur, las notarías 125 de Ciudad Madero, a cargo de Rubén Solís Villalobos; 277 de Tampico, con Elías Ernesto Sibaja al frente, y 193, bajo Héctor Álvaro Domínguez, fueron identificadas con riesgo de revocación desde febrero de 2025.
La crisis notarial tiene un componente estructural que trasciende las administraciones. La Ley del Notariado otorga al gobernador en turno una facultad casi irrestricta para asignar patentes, sin contrapeso institucional efectivo ni un padrón de acceso público actualizado.
La Comisión Federal de Competencia Económica ha señalado que ese modelo limita artificialmente la oferta del servicio notarial y favorece condiciones para la colusión, sin que los congresos locales hayan modificado las leyes en respuesta a esa advertencia.
La Ley del Notariado de Tamaulipas fue reformada el 29 de abril de 2026; 110 notarios operan ya en la plataforma de trámites telemáticos con firma electrónica, y el gobierno estatal prevé incorporar papel seguro y códigos QR en los documentos notariales como medidas adicionales de control.
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