CUERNAVACA.- La denuncia de juicio político contra América Jiménez Molina, exsecretaria de la Contraloría en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, será turnada a la Junta Política y de Gobierno para dictaminar si la petición es procedente o improcedente.
El presidente del Congreso de Morelos, Isaac Pimentel Mejía, confirmó que un ciudadano pidió someter a juicio político a Jiménez Molina y entre las causales alude que la exfuncionaria pública no cumplía con los requisitos para asumir el cargo de secretaria de despacho.
“Se va a turnar a Junta Política donde dictaminarán si procede o no el juicio político”, dijo el diputado de Morena y agregó que un ciudadano presentó la denuncia donde la acusa de no reunir el perfil para asumir el cargo de Contralora estatal. En la petición de juicio político también la acusan de incumplir con sus funciones durante su cargo, dijo el presidente del Congreso estatal.
América llegó al cargo como encargada de despacho por invitación del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, y en julio de 2020 fue ratificada por la mayoría de legisladores del Congreso de Morelos con 15 votos a favor, dos en contra y una abstención.
En mayo de 2021 América Jiménez enfrentó un proceso penal por supuesto ejercicio ilícito del servicio público, interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, un juez de Control rechazó la vinculación a proceso.
La Fiscalía Anticorrupción imputó a la excontralora estatal el delito porque presuntamente acreditó de manera irregular su residencia en Morelos para acceder al cargo de secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos.
La Fiscalía presumió que la funcionaria hizo constar hechos falsos al presentar un oficio de residencia para acreditar 10 años viviendo en Morelos, con el objetivo de tomar protesta como titular de la Secretaría de la Contraloría, pese a existir documentos de los años anteriores que la ubican trabajando y viviendo en el Estado de México.
En el desahogo de la audiencia, el juez de control, Ramón Villanueva, analizó las pruebas aportadas por la Fiscalía y concluyó que los elementos que se intentaron aportar como pruebas de un ilícito, fueron apreciaciones subjetivas y carecían de algún sustento jurídico.
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