CD. VICTORIA.- Los alcaldes de diversos municipios de Tamaulipas han presentado denuncias o están en vías de hacerlo contra sus antecesores, al encontrar irregularidades financieras en las ayuntamientos.
Ediles y funcionarios de al menos tres gobiernos municipales han advertido que pedirán que se investigue a los expresidentes.
En Matamoros, el alcalde Alberto Granados dio a conocer que recibió como herencia una deuda de 120 millones de pesos, de la cual 75 millones de pesos corresponde al periodo de su antecesor, Mario López Hernández.
Al respecto, los dos síndicos del Ayuntamiento, han señalado que la Contraloría trabaja para recurrir ante la Auditoría Superior del Estado.
“La Contralora lo está haciendo con una empresa externa que se contrató, checando papel por papel con las anotaciones que nosotros hicimos”, expresó Julio Hernández Mendiola, segundo síndico.
Por su parte, Angélica Maldonado, primera síndico del Cabildo de Matamoros, reprobó la gestión del exalcalde: “Muy mala administración del anterior presidente “La Borrega”, no pagó deuda y endeudó más al municipio”.
Ese no sería el único procedimiento legal que tendría que enfrentar Mario López, actual diputado federal por el Partido Verde.
Este mismo año, la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas (UIFE) entregó a la Fisalía General de Justicia, información para ampliar una denuncia que data del 2020, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ahí se señaló que entre 2015 y 2016, el hoy alcalde con licencia, adquirió al menos 20 propiedades, 19 de ellas en Matamoros y una en Reynosa, además de 25 caballos en los Estados Unidos, con valor de 800 mil dólares, vehículos de alta gama y la inversión 1.5 millones de dólares en infraestructura, esto ya durante su gestión como alcalde de Matamoros.
Dentro de la investigación se indaga el posible uso de personas como “prestanombres”, ya que algunas propiedades están a nombre de familiares.
Otro caso es el de Soto la Marina, donde el actual gobierno ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia contra el exalcalde Luis Antonio Medina Jasso, por robo de documentos.
La presidenta municipal Glynnis Jiménez Vázquez aseguró que a su llegada al cargo, no encontraron ningún respaldo de la información financiera del ayuntamiento, además de recibir el municipio sin recursos, incluso con deudas de nómina.
“Ya las presentamos, ya hay una sobre robo de documentos porque te digo, no encontramos, no tenemos nada que nos ayude, jurídico está trabajando sobre eso”, dijo.
La alcaldesa de San Fernando, Verónica Aguirre de los Santos, también acusó a la anterior administración de irregularidades con el uso de los recursos.
“Recibimos el municipio en condiciones deplorables”, dijo. “Firmamos la entrega bajo reserva de ley, lo que significa que tenemos 90 días para hacer una revisión completa. Cualquier irregularidad será informada a la ciudadanía y, de ser necesario, llevada ante las autoridades competentes”.
La semana pasada se dio a conocer que los ayuntamientos de Matamoros y Reynosa incurrieron en irregularidades financieras durante el 2023, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ambos gobiernos municipales violaron la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año pasado, al no reintegrar a tiempo recursos de transferencias federales que no emplearon.
La ASF entregó a la Cámara de Diputados la Segunda parte de los Informes de la Cuenta Pública 2023.
Entre ellos, las auditorías de cumplimiento practicadas a 82 ayuntamientos del país para revisar el manejo financiero de los recursos federales que recibieron.
En el informe 1990, se reporta que el municipio de Reynosa presidido por Carlos Peña Ortiz, retrasó el reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación.
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