CD. DE MÉXICO.- A través de un foro presencial y virtual en la Sala Heberto Castillo, científicos, diputados e investigadores se reunieron para charlar sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales que, a grandes rasgos, podría interferir con la biodiversidad del maíz nativo, así como a la producción campesina de estas semillas.
La iniciativa de reforma, fue propuesta por el diputado Eraclio Rodríguez Gómez de Morena, que establecería “títulos de obtentor” a todos aquellos que lograran una modificación genética en las semillas de maíz, lo que, por supuesto, tendría implicaciones económicas sobre el uso de esa patente.
De acuerdo con el diputado, esta iniciativa pretende alinearse a las condiciones del T-MEC. De esta manera, se protegería la propiedad intelectual de trasnacionales que trabajen con maíces, que castigaría con base en la ley a todos aquellos que usen las semillas con genes modificados sin un consentimiento previo de las empresas privadas.
El riesgo en el campo
La importancia de los agricultores y campesinos radica, además de la dignificación del trabajo de campo, un cuidado en la diversidad del maíz y otras semillas. A través de un legado de siembra que ha durado años, son ellos quienes llevan a cabo la siembra para seguir conservando las distintas razas de maíz, las cuales son propiedad del Estado Méxicano y un asunto de biodiversidad y cultura.
De aprobarse esta ley, impediría cambiar semillas de maíz, convertiría a todos aquellos maíces que tengan genes modificados en propiedad de extranjeros, así sean especies nativas y haría que los campesinos pagaran para poder sembrar las semillas en sus campos, o bien, grandes multas en caso de hacerlo de manera no autorizada. De esta manera se priorizaría el “título de obtentor” frente a los agricultores.
Debido a las reglamentaciones que se aprobaron o revocaron alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica. Se tiene registro de monopolios de semillas de maíz por parte de trasnacionales que, eventualmente, terminaron por volver ilegal el resguardo y el intercambio de semillas de agricultores y campesinos.
Por otra parte, transgénicos también modifican las semillas nativas a través de la polinización accidental cuando se siembran semillas modificadas al aire libre, cerca de campos orgánicos. De esta manera, se contaminan las semillas criollas o nativas y se cierra la opción de registrarse como un alimento libre de OMG, que se otorga a los alimentos puramente orgánicos.
Un contexto de importancia
Aunque la iniciativa proviene de un diputado mexicano, tiene historia en los acuerdos firmados en los tratados de libre comercio. Además a través de un convenio internacional se creó la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV), de la cual, México firmó el acta de 1978, que requería autorización del obtentor para utilizar variedades de Maíz, no restringe el derecho de los agricultores a reproducir o vender semillas protegidas, cuando estén autorizadas.
Sin embargo, en las nuevas políticas mundiales, Estados Unidos ha intentado que los países partícipes en sus tratados comerciales firmen el acuerdo UPOV-91 que, a diferencia del 78, sí restringe toda posibilidad de campesinos para resguardar y comerciar con semillas protegidas. Permitiría que los cultivos de los agricultores mexicanos sean completamente destruidos sin orden judicial y con ayuda de fuerzas militares. Por otra parte, cualquier persona estaría autorizada para actuar como autoridad de certificación.
Debido a estas posibles vulneraciones a los Derechos Humanos que tendría el campesinado mexicano, varias personalidades desde el Conacyt, la cámara de diputados, y centros de investigación en universidades, se han unido para intentar frenar esta iniciativa de reforma de ley.
La diputada Irma Juan Carlos de Morena, y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas dijo: “Es muy delicado y arriesgado aprobar este dictamen como se propone, porque está en riesgo la soberanía agroalimentaria y alimentaria en México, al poner en peligro la existencia de los pueblos indígenas, quienes tendrían que pagar a una empresa privada por el uso de las semillas, y de no hacerlo, podrían ir a la cárcel”.
Aunque esta iniciativa aún no está aprobada, se tiene que reconsiderar antes de volverse ley, puesto que traería consecuencias incluso para los consumidores finales; además de los riesgos para los campesinos y la biodiversidad mexicana.
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