OAXACA.- Ivonne Gallegos Carreño, la candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos que fue asesinada este sábado en Oaxaca, contendía en un proceso electoral bajo un cúmulo de factores de riesgo que estalló en una agresión armada cuando circulaba por su vehículo sobe una carretera federal, sin que por ello contara con protección alguna.
Su asesinato es el número 18 de aquellos que se han cometido contra aspirantes a puestos de elección popular en este proceso electoral que arrancó en septiembre de 2020. Y es el número 61 si se cuentan a los actores políticos acribillados en este mismo periodo de tiempo, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política en México elaborado por la consultoría especializada Etellekt.
La exdiputada panista y designada por la coalición “Va por Oaxaca”, además, es la primera víctima mortal que oficialmente era candidata a un cargo y la sexta aspirante asesinada desde que el gobierno federal anunció su estrategia de seguridad y protección para 21 mil candidatos, el pasado 4 de marzo.
En esos 15 días, desde que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana identificó a Oaxaca entre siete estados considerados focos rojos por violencia contra políticos, junto con Ivonne Gallegos han sido asesinados 6 aspirantes a ediles en los municipios de La Perla (Veracruz), Nuevo Casas Grandes (Chihuahua), Isla Mujeres (Quintana Roo), Casimiro Castillo (Jalisco), Chilón (Chiapas) y Ocotlán de Morelos (Oaxaca).
Estos crímenes se cometieron en un momento previo a la definición final de las candidaturas, considerado por la consultoría como uno de los de mayor riesgo, junto con el trecho final de las campañas.
El segundo proceso electoral más violento.
De acuerdo con Rubén Salazar, especialista en análisis político y de riesgo y director de la consultoría Etellekt, el proceso electoral de 2021 ya se considera el segundo más violento de la historia, sólo por debajo del de hace tres años, en 2018, cuando asesinaron en total a 48 aspirantes y candidatos.
Salazar identifica cuatro escenarios hacia donde puede dirigirse el proceso electoral en materia de violencia, uno deseable, uno inercial, uno crítico y uno catastrófico. Hasta el momento ya se superó el primero y existe un 80% de probabilidad de que los asesinatos de aspirantes y candidatos se ubiquen entre los 30 y los 60. De superarse las 48 víctimas de 2018, México habría alcanzado el escenario crítico.
“Empieza a aumentar la violencia en dos momentos, en el periodo de definiciones de candidaturas y ya cuando arrancan las campañas. Se repite un patrón de violencia en precampañas o intercampañas, cuando los aspirantes aun no cuentan con registro ante los organismos electorales”, señala Rubén Salazar.
Lo anterior, explica, porque es cuando los aspirantes están más vulnerables, pues por ley sólo se da protección en caso de amenazas, o situaciones que atenten contra la seguridad, a candidatos con registro, no a aspirantes ni precandidatos, por lo que los adversarios de cualquier tipo hacen una lectura de esta vulnerabilidad.
“La respuesta de la autoridad es más laxa cuando asesinan a un aspirante que si ya son candidatos registrados ante los órganos electorales. Los casos quedan en el olvido y la impunidad y en pocas ocasiones se da con el autor intelectual”, señala y da como ejemplo que de los 18 aspirantes que han asesinado en el actual proceso, sólo se han dado a conocer detenciones en uno de los casos.
Bajo mayor riesgo
El día que Ivonne Gallegos fue asesinada, ya existía una queja en Oaxaca para retirar spots difamatorios en su contra, de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). También ya se habían denunciado amenazas y estaba el antecedente del asesinato de su esposo seis años antes.
Además, la exdiputada contendía por un puesto municipal y lo hacía desde una alianza de partidos de oposición (PAN, PRI y PRD), pues actualmente Ocotlán de Morelos lo gobierna Morena. A juicio de el director de Ettelekt, todos esos eran factores de riesgo, sumado a su condición de mujer que la exponía a violencia política de género, eran suficientes para que la candidata tuviera protección, pues enfrentaba un triple riesgo: contender por un puesto municipal, hacerlo desde la oposición y haber sufrido amenazas, pues incluso ellos ya la tenían dentro de su bases de datos de personas vulnerables.
Lo anterior porque según su indicador, 14 de los aspirantes asesinados contendían por una presidencia municipal (el resto por regidurías y diputaciones laces y federales), y 66% lo hacían desde la oposición. Además, 15 eran originarios de estados del sureste del país, las cuales tienen más condiciones de que se den estos hechos de violencia.
Según un conteo elaborado por EL UNIVERSAL, de los 18 aspirantes asesinados, siete son de Veracruz, cuatro de Guerrero, dos de Quintana Roo y Guanajuato, Chihuahua, Chiapas y Jalisco tienen uno respectivamente. A ellos se sumó la víctima de Oaxaca. De ellos, 15 eran hombres y tres mujeres.
Para el especialista otro factores de riesgo que pueden enumerarse en el asesinatos de quienes buscan un puesto de elección son la presencia del narcotráfico, alta conflictividad social y política, marginación, y ofertas de los propios aspirantes de combatir el crimen organizado o la corrupción.
Modelo fallido
Ante esta realidad, el especialista señala que el modelo de protección presentado desde el gobierno federal parte de un diagnóstico errado, que se basa sólo en el número de ejecutados sin tomar en cuenta estos factores de riesgo, como amenazas e intimidaciones, de los contrario será “imposible brindar medidas cautelares de protección si no se sabe quiénes están en riesgo”.
La finalidad, expone, tendría que ser identificar a los candidatos en riesgo y acercarse a ellos para tomar medidas de manera temprana y no sólo cuando ya haya un riesgo inminente de perder la vida.
Además, señala que el plan del gobierno parte de una criminalización de las víctimas, pues de manera ligera se aseguró que en la mayoría de estas muertes está detrás el crimen organizado, sin tomar en cuenta los móviles políticos y los antecedentes de las víctimas. Esto, afirma, es un regreso a la narrativa de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“No es solo el asesinato, es infundir terror sicológico al candidato o aspirante, obligándolos a desistir o amenazando con usar métodos de violencia más extremos, pero no se investigan casos como las amenazas para identificar móviles y ejecutar las sanciones electorales correspondientes para evitar que la violencia política se convierta en un instrumento de competencia electoral que defina los resultados en una elección”, finaliza.
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