NUEVO LAREDO.-Luego de que desde hace tres semanas el Gobierno del Estado inició un operativo para cerrar bares y restaurantes en Nuevo Laredo por presuntas faltas, este fin de semana se realizó una reunión entre las partes involucradas.

La reunión entre los casi 60 propietarios de establecimientos de alimentos y bebidas que fueron afectados y las autoridades estatales, fue convocada por el Ayuntamiento con el objetivo de orientarlos en el cumplimiento de requisitos y no pierdan sus fuentes de ingresos y empleo.

El 27 de febrero, propietarios y trabajadores de bares y cantinas realizaron una protesta en el Puente Internacional II “Juárez-Lincoln” contra el operativo de clausura que está realizando el Gobierno del Estado por supuestas faltas mínimas ya sea por parte de Coepris o por Protección Civil, y que está dejando en el desamparo a cientos de familias que dependen de estos negocios.

Ante esto, en la reunión de este fin de semana, las autoridades disiparon dudas de los asistentes, así como también escucharon sus inconformidades, las cuales dijeron, serán valoradas por las instancias jurídicas correspondientes, también acordaron organizar otra reunión para dar seguimiento a los puntos abordados en este primer encuentro.

Esta primer reunión se llevó a cabo este viernes, donde el director de gobierno, Roberto Capistrán fungió como facilitador entre las partes, en representación del alcalde.

Refirió que es prioridad de esta administración mantener los canales abiertos y ser puente de enlace con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en esta ocasión, era importante que los propietarios conocieran sus obligaciones, derechos y clarificar dudas sobre los procedimientos de revisión.

Aseguraron que las revisiones que se realizan no son para cerrar negocios o coaccionar, sino para verificar que todos esté dentro del marco legal, y los que no estén orientarlos con los trámites que deben hacer con cada una de las autoridades; también expusieron el tipo de sanciones a los que pueden ser acreedores, dependiendo de la gravedad del daño que puedan causar a los consumidores.