CIUDAD DE MÉXICO.- El deficiente sistema penitenciario de Nuevo León ha permitido durante años que la delincuencia se corone como la reina del control y la integridad de quienes habitan en los centros de reclusión.
La entidad tiene tres penitenciarías: el Centro de Reinserción Topo Chico, localizado en la ciudad de Monterrey, y dos ubicados en municipios periféricos: el Centro de Reinserción Apodaca y el de Cadereyta. La vulnerabilidad provocada por la precaria supervisión de los penales, la baja inversión en su operación y la sobrepoblación han dado la oportunidad a los grupos delictivos de manejar a su antojo cada espacio y elemento, principalmente de los penales de Topo Chico y Apodaca.
El pasado 27 de marzo un amotinamiento en el penal de Cadereyta —que se extendió durante dos días— dejó un saldo de cuatro personas muertas y 29 lesionadas. Quemando colchones que provocaron que diversas zonas del penal se incendiaran, los internos exigían a las autoridades mayor cantidad de comida y que se retire la revisión con rayos X a los familiares que los visitan. Las disputas por el control de los penales son eventos que se presentan cada vez con más frecuencia.
En una recomendación emitida el 29 de noviembre por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se declara que en Topo Chico predominan deficiencias, “entre las que destacan el autogobierno, privilegios, objetos y sustancias prohibidas, situaciones relacionadas con el insuficiente personal técnico y de seguridad y custodia, el hacinamiento, la sobrepoblación, la deficiente o nula clasificación de los internos y las condiciones inadecuadas para los hijos de las internas, la ausencia de protocolos para la prevención, manejo y control de riñas, motines y otros hechos violentos”.
El documento detalla que dichos factores han propiciado ambientes de violencia que afectan las condiciones que permiten garantizar la vida e integridad física de los internos, una estancia digna, la gobernabilidad y el acceso a los medios para una reinserción social efectiva.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en febrero de 2016 el penal de Topo Chico, cuya capacidad es 3 mil 635 personas, contaba con 3 mil 984 internos, entre ellos, 480 mujeres. En esa ocasión había en servicio 49 elementos de seguridad para todo el centro y sólo tres directamente en la zona de conflicto.
En marzo de ese año la plantilla de custodios aumentó a 310 distribuidos en tres turnos, conformado de la siguiente manera: tres oficiales, 11 suboficiales, 11 policías custodios primero, 17 policías custodios segundo, 22 policías custodios tercero y 246 policías custodios.
El organismo describió que en esa fecha los servidores públicos en la institución eran los siguientes: un alcaide, un subdirector jurídico, dos subinspectores, un representante de la Subdirección de Reinserción Social, un coordinador administrativo, 46 abogados, nueve analistas, tres asistentes, 22 auxiliares, ocho capturistas, cuatro choferes, un consejero de la Sala Superior, ocho criminólogos, un dentista, cinco encargados, 22 enfermeros, 16 jefes de departamento, 12 médicos, tres sicólogos, dos siquiatras, un recepcionista, 17 secretarias, tres supervisores técnicos operativos, un técnico radiólogo y cinco trabajadoras sociales.
“Tomando en cuenta el promedio de internos de la población total del centro, entre uno y otro evento, Topo Chico debía contar con 759 elementos aproximadamente, lo que evidentemente no sucedió, afectándose el adecuado [funcionamiento]”, señaló el reporte.
La CNDH registró que en abril de ese año la población interna disminuyó a 3 mil 625: 3 mil 197 hombres y 428 mujeres.
El 3 de junio de 2016, indicó el organismo, seis internos fueron llevados al Cefereso de Almoloya de Juárez, Estado de México; 15, al de Hermosillo, Sonora; 15, al de Ocampo, Guanajuato, y 13, al de Miahuatlán, Oaxaca, por lo que la población en Topo Chico bajó a 3 mil 610 reos.
No existen cifras exactas por parte del gobierno estatal, pero el informe de la CNDH precisa que el Centro de Reinserción Social Apodaca tiene capacidad para mil 522 internos y alberga a mil 958, mientras que el penal de Cadereyta cuenta con mil 992 y da cabida a 2 mil 13.
A nivel nacional, la CNDH tiene registrada una población penitenciaria de 251 mil 512 personas en 389 centros penitenciarios: 238 mil 245 son hombres y 13 mil 267 son mujeres.
De éstos, existen 80 mil 677 procesados y 122 mil 549 sentenciados por delitos del fuero común; también hay 24 mil 800 procesados y 23 mil 486 sentenciados por delitos del fuero federal.
En 17 centros federales hay 24 mil 620 internos, mientras que en 372 administrados por autoridades locales se albergan a 226 mil 892.
Agustín Sánchez Bocanegra, director de RENACE, organización dedicada a brindar apoyo integral a los internos en la búsqueda de la reinserción social, aseguró que en los penales del estado impera el autogobierno.
“Quien controla los reclusorios son los internos, y esto genera situaciones de inseguridad, al personal, pero sobre todo a los internos. Una inseguridad, que es lo más importante que se debe evitar y más básico en un centro penitenciario, y aquí no está garantizada la vida”, indicó.
Sánchez Bocanegra consideró que la problemática del sistema penitenciario viene arrastrándose desde hace más de 20 años. “Los gobiernos han mantenido una tendencia al descuido de los centros penitenciarios y a bajar la inversión de cada administración”, dijo.
Los penales están prácticamente abandonados, añadió Sánchez Bocanegra, al no contar con infraestructura adecuada para la función que deben de cumplir, principalmente el de Topo Chico. Dijo que otro factor importante es el poco personal de seguridad, puesto que pocas personas ven atractivo emplearse en un lugar donde no se tienen las condiciones profesionales, “de pago e incentivos que motiven a la gente a contratarse”.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH de 2015, Nuevo León resultó con una calificación de 5.66; el Centro de Reinserción Social Apodaca obtuvo 5.85; el de Cadereyta 5.9, y Topo Chico 5.24.
El reporte mostró un comparativo de 2006 a 2015, que muestra que los penales de Nuevo León pasaron de una calificación de 7.27 a 5.66.
En un estudio del gobierno del estado realizado en 2014 para apoyar el Programa Administración Penitenciaria y Reinserción Social se describe que la sobrepoblación es “el problema como origen de que la entidad se caracterice por un ambiente de inseguridad y reincidencia delictiva, asociado a un sistema penitenciario que no puede garantizar la custodia segura y reinserción social de los internos”.
Manifiesta que la población interna del sistema penitenciario se caracteriza porque la tasa de internamiento es de 218 vinculados por cada 100 mil habitantes, lo que representa, de acuerdo con la capacidad institucional establecida, una sobrepoblación de aproximadamente 50% —6 mil 108 camas contra 9 mil 170 internos—, con una tendencia de crecimiento anual de 25%, que significa más de 3 mil procesados al año, con una temporalidad de estancia, en promedio, de un año y seis meses.
El 1 de marzo se nombró como director del penal del Topo Chico a Ricardo Tejeda de Luna, quien anteriormente había sido cuestionado en su desempeño en otros penales del país.
El director de RENACE señaló que el actual gobierno no cumple con la Ley de Ejecución de Sanciones, que obliga a brindar comida, servicio médico, de educación y recreativo.
“Entendíamos, cuando llegó el gobierno del estado, que le habían dejado las cosas totalmente destruidas, pero pasó un año y cuatro meses y las cosas siguen igual”, criticó.
La Ley de Egresos del gobierno estatal define que para 2017 se ejercerán 675 millones 290 mil 484 pesos en los centros penitenciarios. Sánchez Bocanegra indicó que esa inversión es aproximadamente 30 millones menos que la de 2016. “Se necesita un rediseño total de los reclusorios e invertir, y claro, pedir el apoyo de la Federación para poder cambiar eso, pero si no le invierten ellos [el gobierno estatal], ¿con qué cara van a pedirle a la Federación que le invierta?”, comentó.
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