EL PASO, TEXAS.- La Oficina de Detención y Deportación de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene una perrera llena de abusos, negligencia y violencia contra los indocumentados encarcelados en su centro de detención de El Paso, Texas, según un reciente reporte que recoge testimonios de cerca de un centenar de migrantes, publicado por el Comité de Solidaridad con los Migrantes Detenidos en el vecino país.
El documento Fui tratado como perro, en lugar de como un ser humano: degradación, negligencia y abuso en el centro de procesamiento de ICE, en El Paso, describe en 30 páginas la violencia que sufren quienes son detenidos por autoridades migratorias y procesados por ICE antes de ser deportados a países como México, Guatemala y Salvador, principalmente.
“Nuestros hallazgos sugieren que la administración de ICE en El Paso ha resultado en un patrón de negligencia y una cultura de degradación y abuso, incluyendo abuso físico y verbal, una perturbadora confianza en el aislamiento como medida punitiva”, indica el reporte.
Los detenidos, quienes escribieron sus testimonios a lo largo de 2015 y 2016, describen el tratamiento bajo la tutela del órgano como “peor que la cárcel” y “nos tratan como animales”.
Los tratos de los guardias narrados por los internos van desde amenazas hasta humillaciones por su lugar de origen.
“Un oficial intentó agredir a un detenido luego de decirle: ‘Te voy a llevar a un cuarto sin cámaras y te voy a joder’. Otros se burlaron de un detenido cantando La Cucaracha, luego de que mordió una cucaracha en su comida”, expone uno de los testimonios.
La organización a nivel nacional no sólo se basó en testimonios de los indocumentados detenidos, sino también en entrevistas con sus familiares y abogados, para detectar las principales áreas de preocupación: abuso físico y verbal, uso inhumano del aislamiento, negación a ofrecer servicio médico adecuado, comida insalubre, detención prolongada y separación familiar.
El comité indica que es preocupante lo que sucede en el centro de detención de ICE en El Paso, además de su poca transparencia, “en particular a la luz de la entrante administración presidencial que ha votado expander e intensificar las operaciones [en la frontera], incluyendo las detenciones [de indocumentados]”.
A pesar de que el centro está bajo el cuidado del organismo, la mayoría de los guardias de seguridad son subcontratados por empresas privadas. El centro de detención de El Paso tiene actualmente entre 800 y mil 100 internos, de los cuales uno de cada tres son mujeres. Al menos 86% de los migrantes que han sido regresados a sus países en los últimos años han firmado su “deportación voluntaria”, en comparación con el promedio de 55% a nivel nacional.
Este lugar forma parte de los 250 operados por ICE, pero tiene la particularidad de albergar las detenciones de más larga duración, con procesos de más de un año.
De acuerdo con una directiva establecida en 2001 por la Suprema Corte de Justicia de EU, las autoridades de ICE tienen hasta seis meses para deportar o liberar a los procesados. Sin embargo, abogados especializados en migración afirman que ese tiempo no es respetado.
La información del órgano asegura que el tiempo promedio que pasa un indocumentado bajo resguardo en los centros de procesamiento es de 31 días. Según las autoridades, “esto evidencia la efectividad del manejo de los centros”. Pero Carlos Spector, abogado de inmigración en El Paso, Texas, afirma que la mayoría de los internos, “sobre todo quienes están pidiendo el asilo político”, duran hasta un año detenidos.
“Estas personas están durando cada vez más tiempo detenidas por ICE, porque es una manera de desalentarlos a cruzar la frontera o pedir el asilo político”, comentó Spector.
Además, este espacio es el que menos otorga la figura de asilo político a sus internos: más de 90% de estas peticiones son negadas por los jueces bajo las estrictas leyes migratorias que, entre otros requisitos, exigen que la persona compruebe un “miedo creíble” de amenaza por razones de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a un grupo social.
El terror al interior
Los indocumentados, dentro y fuera del centro de detención de El Paso, han apodado a este lugar la perrera, por un lado en referencia a los vehículos donde los encierran para transportarlos desde donde son detenidos hasta el lugar y, por otro, a los tratos inhumanos que reciben ahí.
El reporte del Comité de Solidaridad con los Migrantes Detenidos recogió una serie de cartas donde se describen estos tratos en palabras de los propios internos.
“Con base en la información que hemos obtenido, parece que la administración de este centro ha albergado una cultura de degradación y fuerza física excesiva, gratuitamente, contra los arrestados”, indica.
En una de las cartas incluidas en el documento, un interno describe que durante una revisión rutinaria uno de los agentes apretó agresivamente sus testículos.
“Me apretó tan y tan fuerte mis testículos y mis glúteos, que me provocó un dolor tan fuerte que volteé y le pregunté que por qué me apretaba tan fuerte en mis partes privadas; el oficial reaccionó violentamente, lanzándome bruscamente al piso y provocándome múltiples dolores y laceraciones en mis piernas y manos, por lo que fui trasladado al área de emergencia”.
Otro testimonio expone un incidente en mayo pasado, cuando un migrante fue amenazado, tras tocar una puerta para pedir el traslado del patio a la unidad médica: “El oficial me dijo: ‘Tú te jodiste solo, pendejo. Te voy a llevar a un cuarto sin cámaras y te voy a joder’”.
El oficial intentó llevarlo al área de regaderas, pero no lo logró debido a la presencia de otro guardia de seguridad, describe el testimonio, para luego desistir y decirle que si no quería problemas, no pusiera ningún reporte. Sin embargo, el arrestado registró el hecho.
“Tenía mucho miedo de que me hiciera daño y tuve muchas pesadillas que me recordaban cómo había sido para mi en México, porque la policía que me torturó usaba las mismas palabras que el oficial”, anotó el indocumentado.
Otro joven, de apenas 13 años, denunció haber pasado más de tres semanas en aislamiento, sin comunicación con sus familiares o abogados, quienes lo buscaron durante todo ese tiempo en distintos centros sin que nadie les informara de su situación.
En la Navidad de 2015, un individuo que llegó hasta el puente internacional entre El Paso y Ciudad Juárez a pedir asilo político tras ser torturado gravemente por agentes de la policía juarense, fue detenido en este lugar y se le negó tratamiento médico, a pesar de sus heridas.
“El hombre recibió sólo ibuprofeno y un consejo por parte del equipo médico: ‘Tome mucha agua con sal’”, anota el testimonio.
Al mismo hombre le retiraron el medicamento en junio pasado, luego de que un agente consideró que había expirado y no servía más.
Como estos testimonios, el reporte reunió más de 77 directamente de los detenidos en El Paso y otros tantos de familiares y representantes legales. Ante esto, el comité ha enviado una misiva a las autoridades migratorias de Estados Unidos en la que demandan finalizar el programa de aislamiento, asegurar la provisión de medicamentos a tiempo y que el servicio de comida sea sanitario y suficiente; minimizar el tiempo de detención y separación familiar, iniciar una investigación a los agentes del centro y transparentar y rendir cuentas a las operaciones de ICE.
Un negocio multimillonario
Los malos tratos que reciben los indocumentados en la perrera es una consecuencia más del negocio que representan para las compañías privadas los centros de detención en EU.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado recientemente la existencia de una “cuota” de camas ocupadas en estos centros.
En el reporte más reciente de la organización Detention Watch Network y el Centro para los Derechos Constitucionales se detalla que el total de migrantes detenidos que las compañías privadas exigen a ICE es un mínimo de 34 mil camas ocupadas para seguir operando.
“En 2009 el Congreso comenzó a incluir un requerimiento para mantener un número mínimo de literas [actualmente fijado en 34 mil] para los internos”, indica.
A pesar de que la cuota de camas ocupadas comenzó en 2009, apenas en 2015 la organización pudo obtener los contratos y las cifras exactas para denunciar la situación.
Las compañías privadas realizan contratos con “mínimos garantizados” que obligan a ICE a mantener una cuota de encarcelamiento diaria de al menos 8 mil 522 personas, de acuerdo con el reporte.
Los contratos multimillonarios con estas empresas privadas son para que manejen todo el periodo de encarcelamiento del indocumentado en el centro, incluyendo transporte, alimentación y cuidados médicos.
El costo generado por las detenciones de inmigrantes indocumentados es de 1.77 billones de dólares al año, y la estancia y la detención de cada preso cuesta 164 dólares diarios (unos 60 mil dólares al año), de acuerdo con datos oficiales de ICE.
Los dueños de las compañías privadas que están imponiendo la cuota de camas en Estados Unidos han sido contribuyentes, afiliados del Partido Republicano.
Los 250 centros de detención del ICE en el país operan bajo cinco compañías privadas: Akal-Akima, The GEO Group, Corrections Corporations of America, Asset Protection & Security y Doyon. De ellas, las únicas que son corporaciones globales son The GEO Group y Corrections Corporations of America, el resto son compañías locales.
Estas dos empresas han sido señaladas como cabilderos del Partido Republicano, específicamente en política migratoria.
Un reporte de la AP encontró que CCA y GEO Group son las tres compañías privadas que han contribuido con más de 45 millones de dólares en donaciones y campañas al Partido Republicano.
“Es increíble que mientras los republicanos están impulsando una política migratoria racista, se están aprovechando de ellos [indocumentados] de la peor manera para hacer negocio”, criticó Spector.
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