SAN JOSÉ, Costa Rica, abril 20.- Honduras, que sólo necesitó recibir en diciembre de 2014 a una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salir de la lista negra de países violadores de las libertades civiles básicas que integró de 2009 a 2013, está en la tormenta de una trama de profunda corrupción, torturas y gran cantidad de abusos atribuidos a la policía nacional.

La institución arrastra una fama de atrocidades y de estar coludida con poderosas redes del tráfico de drogas de Colombia y Venezuela a México y Estados Unidos, vía Centroamérica. El estatal Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh) recibió más de 100 mil denuncias de 2000 a 2015 contra estratos policiales por ejercicio indebido, maltratos, negligencia, detenciones ilegales, torturas y otros casos.

La impunidad “carcomió las raíces de las instituciones” en Honduras, como “un patrón” en Centroamérica, Colombia y México por la penetración del tráfico de drogas, admitió el sábado anterior el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. “La policía fue una de las instituciones que quizás más se afectó por este problema del narcotráfico”, reconoció.

EL UNIVERSAL pidió a Conadeh la opinión de su líder, el comisionado Roberto Herrera, acerca de si Honduras merece estar fuera de la lista negra, pero no fue posible que se pronunciara.
Ante un clamor interno contra la corrupción policial, el Congreso de Honduras emitió el 7 de abril un decreto de emergencia de adecentamiento y depuración. Este martes, Hernández insistió en que “nadie está por encima de la ley” y dejó en claro que no retrocederá “ni un milímetro” en el esfuerzo por “limpiar” a esa fuerza.

“Por enésima vez estalla una crisis de grandes proporciones que evidencia el colapso de la seguridad pública en Honduras, que muestra particularmente toda la podredumbre en la policía”, adujo el hondureño Víctor Mesa, director del (no estatal) Centro de Documentación de Honduras, el más antiguo foro de análisis de esa nación.

“Esta crisis es de dimensión más grande e impacto mayor: se han divulgado nombres de los actores directamente involucrados en la trama de corrupción, criminalidad y violación a los derechos humanos al interior de la fuerza policial”, dijo Mesa a este diario.

El escándalo que estremece a Honduras comenzó por una revelación hecha primero por el diario hondureño “El Heraldo” y luego por el periódico estadounidense “The New York Times”, basada en documentos secretos de la policía, y que mostró que generales, comisarios, subcomisarios, inspectores y otros oficiales de ese cuerpo aliados a narcotraficantes y sicarios, conspiraron y asesinaron a dos zares antidrogas hondureños: en 2009 al general Julián Arístides González y en 2011 a Alfredo Landaverde. Los implicados niegan los cargos.

La impunidad en Honduras se agravó con el asesinato, el 3 de marzo pasado, de la hondureña Bertha Cáceres, defensora indígena, activista de derechos humanos, ambientalista y opositora gubernamental.

En un informe del pasado 31 de diciembre, la CIDH reveló que la policía de Honduras “ha perdido la confianza de la ciudadanía” por sus “vínculos con el crimen organizado”. La Comisión confirmó que para evaluar su situación de derechos humanos, Honduras sería excluida de la lista negra y que el análisis se haría con la visita de la CIDH a ese país.

El Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras precisó que el número de homicidios bajó de 5 mil 936 en 2014 y 66 por cada 100 mil, a 5 mil 148 en 2015 y 60 por cada 100 mil. Para la Organización Mundial de la Salud, un promedio de dos dígitos es epidemia.