El controvertido programa de detención ilegal de presos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), que operó con la complicidad de una docena de socios europeos al menos hasta hace una década, está nuevamente bajo el escrutinio del Parlamento Europeo.

El pleno de Estrasburgo pedirá cuentas este martes a la Comisión Europea y al Consejo Europeo sobre las medidas implementadas para castigar a los involucrados en dichas operaciones, y al día siguiente votará una resolución sobre el uso de la tortura por parte de la CIA.

La sesión tendrá lugar 10 años después de que la Eurocámara formó un comité temporal para investigar la supuesta utilización de países europeos por la CIA, y luego de acumular alrededor de media docena de resoluciones exigiendo la rendición de cuentas ante un programa que sacudió los principios democráticos de la Unión Europea.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la CIA recibió instrucciones para detener y torturar a individuos sospechosos de representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La campaña duró al menos hasta 2006, cuando Washington anunció su supuesta suspensión.

El sumario de un estudio confidencial de más de 6 mil 500 páginas elaborado por el Comité sobre Inteligencia del Senado de EU reveló que entre 2001 y 2009 al menos 119 individuos habían sido secuestrados por la CIA, mientras que las investigaciones del Parlamento Europeo concluyeron que la agencia estadounidense realizó por lo menos mil 245 vuelos utilizando el espacio aéreo europeo o sus aeropuertos entre 2001 y 2005.

De acuerdo con la Eurocámara, Macedonia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumania, España, Suecia y el Reino Unido colaboraron con la CIA.

Gran Bretaña, el más fiel aliado de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, incluso fue cómplice de presuntas prácticas de tortura durante las escalas realizadas por agentes estadounidenses en la isla de Diego García, un territorio británico de ultramar en el océano Índico.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido cuatro fallos desde 2009, y encontró culpables a Macedonia, Polonia (en dos ocasiones) e Italia de violar varios artículos del Convenio sobre Libertades Fundamentales. La máxima instancia judicial europea tiene en curso dos casos más contra Lituania y Rumania.

En el ámbito nacional, los avances para fincar responsabilidades han sido hasta ahora nulos.

“Todos los estados en cuestión aún tienen que admitir inequívocamente su participación en el programa de la CIA, y establecer responsabilidades y el remedio indicado para las víctimas”, indica un reporte del Parlamento Europeo con fecha del 2 de junio. Hasta mayo pasado, sólo Italia, Lituania, Polonia, Rumanía y Reino Unido habían emprendido investigaciones políticas y judiciales, aunque sólo en el caso italiano prosperó la acción penal.

En noviembre de 2009, una corte de Italia dictó condenas de siete a nueve años de prisión contra 22 agentes de la CIA, entre ellos el oficial en Milán, Robert Seldon Lady, por el secuestro del clérigo egipcio Osama Naser en 2003; pero a la fecha todos son fugitivos.

“Las investigaciones en los Estados miembros se han visto obstaculizadas por intervención gubernamental, así como por recurrir a la ‘doctrina del secreto de Estado’ para evitar la divulgación de información”, indica el documento de uso de los eurodiputados.