BRUSELAS.- Las instituciones de la Unión Europea (UE) lograron este miércoles cerrar un acuerdo sobre el pacto de migración y asilo, un sistema común destinado a facilitar la acogida de solicitantes de asilo e impulsar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio europeo.
El acuerdo logrado este miércoles entre los representantes de la presidencia del Consejo de la UE (que ostenta España), el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, deberá aún ser formalizado y adoptado en el primer semestre de 2024, antes de las elecciones del próximo junio.
El complejo paquete migratorio pretende dotar a los Veintisiete (27) de un mecanismo previsible para responder a las necesidades existentes, incluida la protección de las fronteras.
Los ponentes de las distintas piezas legislativas explicaron este miércoles en rueda de prensa los principales elementos acordados.
El eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar (PSOE), señaló que el hecho de que muchas de las normas previstas sean reglamentos facilitará su puesta en marcha al ser directamente aplicables.
El pacto migratorio y de asilo incluye nueve piezas legislativas principales, de entre las cuales cinco fueron negociadas intensamente hasta primera hora de la mañana de este miércoles:
Es la pieza principal y debe sustituir, una vez acordado, al Reglamento de Dublín, que establece normas para determinar qué Estado miembro es responsable del examen de una solicitud de asilo.
Para equilibrar el sistema actual, por el que unos pocos Estados miembros de entrada son responsables de la gran mayoría de las solicitudes de asilo, incluye un nuevo mecanismo de solidaridad obligatoria, así como medidas para prevenir los abusos y los movimientos secundarios.
Para ayudar a los países sujetos a una fuerte presión migratoria, los otros Estados miembros podrán elegir entre la reubicación de los solicitantes de asilo en su territorio o el pago de contribuciones financieras.
El ponente de esa legislación, el eurodiputado sueco Tomas Tobé (PPE) dijo en rueda de prensa que el texto final acordado mantiene el objetivo ya acordado entre los países de la UE de poder reubicar al menos a 30.000 migrantes cada año.
Los Estados miembros que no acepten esos traslados a su territorio, deberán pagar 20.000 euros de contribución por cada migrante no acogido.
Establece un procedimiento común en toda la UE para conceder o retirar la protección internacional, sustituyendo diferentes procedimientos nacionales.
Contiene normas sobre el procedimiento en frontera que permite evaluar con rapidez en las fronteras exteriores si las solicitudes no tienen base o son inadmisibles.
El objetivo es hacer que los procedimientos de asilo y el retorno en las fronteras sean más rápidos y eficaces.
La eurodiputada francesa Fabienne Keller (Renew Europe), ponente de ese texto, dijo en rueda de prensa que el procedimiento acelerado en las fronteras se aplicará a las personas que tienen pocas posibilidades de obtener el estatuto de refugiado.
En ese contexto, precisó que esos procedimientos, incluido el recurso y el retorno, no podrán prolongarse más de seis meses.
Prevé además plazos más cortos para las solicitudes manifiestamente infundadas o inadmisibles y en las fronteras de la UE.
Entre otras disposiciones, el reglamento prevé la creación de centros de recepción en el país de primera entrada, pero Keller insistió en que esas instalaciones no serán “centros de detención, sino zonas de espera”.
“Vamos a necesitar centros de acogida para poder atender a las zonas de espera. No van a estar necesariamente físicamente en la frontera”, precisó Keller.
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Establece normas de procedimiento adecuadas, excepciones y la activación rápida de mecanismos de solidaridad para responder a situaciones de crisis, como la ocurrida en 2015 y 2016 cuando más de dos millones de personas llegaron a la UE.
Prevé un mecanismo de solidaridad y medidas para apoyar a los Estados miembros que se enfrentan a una afluencia excepcional de nacionales de terceros países que conduce a la saturación del régimen nacional de asilo.
Las normas también pretenden contrarrestar la instrumentalización de los migrantes, es decir, la situación en la que terceros países o actores no estatales hostiles utilizan a los inmigrantes para desestabilizar la UE, y prevén una posible derogación temporal de los procedimientos estándar de asilo.
López Aguilar, ponente de ese texto, precisó que las ONG que realicen tareas de búsqueda y salvamento quedarán excluidas del concepto de instrumentalización.
Permitirá identificar con más eficacia a quienes lleguen al territorio de la UE, añadiendo imágenes faciales a las huellas digitales, y se incluirá a los niños a partir de los seis años.
Las autoridades podrán registrar a quienes representen una amenaza para la seguridad, o cuando la persona sea violenta o irregular.
Una base de datos común recopilará informaciones más precisas y completas para detectar movimientos no autorizados.
Pretende crear normas uniformes relativas a la identificación de nacionales de terceros países a su llegada, aumentando así la seguridad dentro del espacio Schengen.
Las personas que no cumplan los requisitos para entrar en la UE estarán sujetas a un procedimiento de control previo a la entrada, que incluirá identificación, recopilación de datos biométricos y controles de salud y seguridad, durante una duración máxima de siete días.
Se tendrán en cuenta las necesidades específicas de los niños y cada país dispondrá de un mecanismo de seguimiento independiente para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
El pacto también incluye el reglamento de la Agencia Europea de Asilo, así como normas para armonizar la protección y los derechos de quienes pidan asilo en los Estados miembros, nuevas reglas para mejorar las condiciones de recepción de solicitantes de protección internacional y un nuevo marco para la adopción de un plan de reasentamiento.
El extenso paquete legislativo comprende también otras normas, como la relativa al permiso único de residencia y trabajo, que acelerará la obtención de esos documentos para solicitantes y empleados.
Está aún siendo negociada entre el Consejo (países) y la Eurocámara la legislación para poder adquirir la residencia de larga duración, la revisión del Código Schengen, la directiva de competencias y talento y la revisión de la directiva para combatir el tráfico de personas.
Hay también una legislación aún pendiente del inicio de las negociaciones entre instituciones: la de procedimientos de retorno, para agilizar los procedimientos de devolución y cerrar brechas al vincular la emisión de una decisión de asilo negativa con una devolución.
La idea de reformar la política migratoria europea comenzó a gestarse en 2016, cuando cerca de dos millones de inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo llegaron a la UE huyendo de la guerra en Siria.
La reforma que propuso el Ejecutivo comunitario presidido por el luxemburgués Jean-Claude Juncker no obtuvo el apoyo necesario de los Estados miembros por las discrepancias sobre cómo aplicar el principio de solidaridad y compartir las responsabilidades en el ámbito del asilo de manera justa.
En septiembre de 2020, el Ejecutivo comunitario dirigido por Ursula von der Leyen propuso un nuevo pacto sobre migración y asilo, que ofrecía un enfoque integral para reforzar e integrar políticas en materia de migración, asilo y gestión de fronteras.
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