NUEVO MÉXICO.- Un jurado de Nuevo México dictaminó el martes que Meta Platforms vulneró la legislación estatal en una demanda interpuesta por el fiscal general del estado, quien acusó a la compañía de engañar a los usuarios sobre la seguridad de Facebook, Instagram y WhatsApp, y de permitir la explotación sexual infantil en dichas plataformas.
El jurado determinó que Meta infringió la ley de protección al consumidor de Nuevo México y ordenó a la empresa el pago de 375 millones de dólares en concepto de sanciones civiles.
La decisión del jurado pone fin a un juicio de seis semanas y supone el primer veredicto de este tipo contra la empresa de redes sociales, que se enfrenta a un desafío legal más amplio sobre cómo afectan sus plataformas a la salud mental de los jóvenes.
El fiscal general de Nuevo México, el demócrata Raúl Torrez, acusó a la compañía de permitir que los depredadores tuvieran acceso sin restricciones a usuarios menores de edad y de conectarlos con víctimas, lo que a menudo derivaba en abusos y trata de personas en el mundo real.
Meta había negado las acusaciones, alegando que dispone de amplias medidas de salvaguardia para proteger a los usuarios más jóvenes.
Meta se ha visto sometida a un escrutinio cada vez mayor en los últimos años por su gestión de la seguridad de niños y adolescentes, impulsado en parte por el testimonio de una denunciante ante el Congreso en 2021, quien afirmó que la empresa sabía que sus productos podían ser perjudiciales pero se negó a actuar.
Por otra parte, Meta se enfrenta a miles de demandas que la acusan, junto con otras empresas de redes sociales, de diseñar intencionadamente sus productos para que resulten adictivos para los jóvenes, lo que ha provocado una crisis de salud mental a escala nacional. Algunas de estas demandas, presentadas tanto en tribunales estatales como federales, reclaman daños y perjuicios por valor de decenas de miles de millones de dólares, según los informes de Meta ante los reguladores financieros.
Meta ha argumentado que la empresa está protegida frente a cualquier responsabilidad, tanto en las demandas por adicción como en la de Nuevo México, por las protecciones a la libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. y por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que generalmente prohíbe las demandas contra sitios web por contenidos generados por los usuarios. La empresa ha afirmado que las alegaciones de daños del estado no pueden separarse del contenido de las plataformas, ya que sus algoritmos y funciones de diseño sirven para publicar dicho contenido.
La demanda de Nuevo México surgió de una operación encubierta que Torrez, ex fiscal, y su oficina llevaron a cabo en 2023. Como parte del caso, los investigadores crearon cuentas en Facebook e Instagram haciéndose pasar por usuarios menores de 14 años. Las cuentas recibieron material sexualmente explícito y fueron contactadas por adultos que buscaban contenidos similares, lo que dio lugar a cargos penales contra varias personas, según la oficina de Torrez.
El estado sostiene que Meta afirmó públicamente que Instagram, Facebook y WhatsApp son seguros para los adolescentes y niños de Nuevo México, mientras ocultaba la verdad sobre la cantidad de contenido peligroso y nocivo que alberga la empresa. Según el estado, documentos internos de la compañía reconocían problemas de explotación sexual y daños a la salud mental. Sin embargo, según el estado, la empresa no implantó herramientas de seguridad básicas, como la verificación de la edad, e insistió en que era segura.
El estado también acusó a Meta de diseñar sus plataformas para maximizar la interacción a pesar de las pruebas de que estaban perjudicando la salud mental de los niños. Funciones como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de vídeos mantienen a los niños en el sitio, fomentando comportamientos adictivos que pueden derivar en depresión, ansiedad y autolesiones, afirma la demanda.
La demanda de Nuevo México solicitaba daños y perjuicios pecuniarios, así una orden que obligue a Meta a realizar cambios para mejorar la seguridad de los niños al utilizar las plataformas.
“A lo largo de una década, Meta ha fracasado una y otra vez a la hora de actuar con honestidad y transparencia”, declaró Linda Singer, abogada del estado, ante el jurado durante los alegatos finales del lunes. “No ha actuado para proteger a los jóvenes de este estado. Les corresponde a ustedes terminar este trabajo”.
Singer dijo al jurado que podría conceder una indemnización superior a los 2.000 millones de dólares.
Reuters siguió el juicio a través de Courtroom View Network.
Meta ha argumentado que ha sido transparente sobre el hecho de que no puede detectar todo el contenido nocivo en sus plataformas.
“Lo que demuestran las pruebas es la sólida política de divulgación de Meta y sus incansables esfuerzos por evitar los contenidos nocivos. Y estas divulgaciones significan que Meta no mintió al público a sabiendas e intencionadamente”, afirmó Kevin Huff, abogado de Meta, ante el jurado durante los alegatos finales.
En mayo, el juez Bryan Biedscheid, que supervisó el proceso, tiene previsto celebrar un juicio sin jurado sobre las alegaciones del estado de que Meta creó una alteración del orden público que perjudicó la salud y la seguridad de los residentes estatales. El estado pedirá a Biedscheid que ordene a Meta realizar cambios en sus plataformas para ajustarlas a la ley estatal.
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