Los cancilleres europeos definieron este lunes un nuevo paquete de sanciones por violaciones a derechos humanos en China y Birmania, en una reunión dedicada también a discutir las problemáticas relaciones con Turquía.
“Usaremos el nuevo régimen global de sanciones para la defensa de derechos humanos. Esto ya ha sido utilizado para el caso [del opositor ruso Alexéi] Navalni”, dijo al llegar a la reunión el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves le Drian.
El paquete de sanciones preparadas por los ministros de Relaciones Exteriores fue adoptado al inicio de la reunión este lunes en Bruselas.
En su lista de sanciones incluyeron al general Min Aung Hlaing, jefe de la junta militar en Birmania, entre otros, de acuerdo con el diario oficial.
El jefe militar es “responsable por la toma de decisiones sobre funciones del Estado y por lo tanto es responsable por sabotear la democracia y el Estado de derecho en Birmania”, apunta el texto.
Según había confirmado antes el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, el bloque sancionará a 11 oficiales birmanos implicados en la mortífera represión llevada a cabo desde el golpe.
También se definieron sanciones selectivas contra cuatro funcionarios chinos por atropellos contra la minoría musulmana uigur en Sinkiang, de acuerdo con fuentes diplomáticas coincidentes.
De acuerdo con Borrell, sin embargo, el tema central es analizar el estado de las relaciones de la Unión Europea (UE) con Turquía.
Después de un año de elevadas tensiones entre Bruselas y Ankara, las relaciones parecieron recomponerse en semanas recientes.
La semana pasada, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvieron una conversación por videoconferencia con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
La agenda de esa conversación es similar a la que los cancilleres tienen en manos: cómo mejorar la relación entre la UE y un aliado fundamental e integrante de la OTAN.
Sin embargo, después de este encuentro, Turquía anunció su retirada del llamado Convenio de Estambul, firmado en 2011, que obliga a los gobiernos a adoptar una legislación que castigue la violencia doméstica y los abusos contra mujeres.
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