CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La totalidad de las concesiones del transporte urbano de pasajeros podrían ser canceladas de sólo quererlo así la autoridad, debido a que no han cumplido con las tarifas, los acuerdos de modernización de unidades, los deberes a que se les obliga en la Ley Estatal de Transporte y el Código de Desarrollo Sustentable de Tamaulipas, ni tampoco han sido prorrogadas desde 2006.
Además de no cumplir con las condiciones mecánicas y físicas para prestar el servicio y tampoco el nivel de emisiones a que están obligados.
La tarifa de transporte en Tamaulipas para microbuses, actualmente es 80 por ciento más cara que la que tiene el transporte en la Ciudad de México, donde además las unidades deben pasar una verificación de emisiones y cubren ruta hasta 200 por ciento más largas que las de los concesionarios en la entidad.
En este estado hay más de cinco mil microbuses, autobuses y microbuses de pasajeros, de los cuales el 90 por ciento presta servicios en rutas del transporte público de pasajeros y los demás se dedican al transporte especializado de empleados o colegios.
De las cinco mil 400 unidades de transporte se estima que menos de la mitad tienen las condiciones para prestar el servicio y más de un millar tienen 20 o más años prestando el servicio, por lo cual ya son inadecuadas en cuanto al control de emisiones además de que su estado general es deplorable.
No se tiene información si las que fueron otorgadas por cinco años en 2006, a personas que no tienen el sistema empresarial, hayan sido prorrogadas por la autoridad y como obliga la ley publicadas en el periódico oficial.
En enero de este año y luego del aumento a los combustibles, en varias ciudades los transportistas subieron sus tarifas sin contar con autorización alguna, con lo que acumularon una causa más para que les sea revocada las concesiones, pues además varios de los concesionarios dejaron de dar el servicio para obligar a la autoridad al aumento.
“Artículo 117. – Son causa de revocación de las concesiones (…) VIII.- Modificar o alterar las tarifas, horarios, itinerarios, recorridos, bases”, dice la Ley Estatal de Transporte.
Los incrementos ilegales a las tarifas de microbús, autobús y taxis han sido comunes y la autoridad nunca ha castigado a los infractores, ya que esto obra en perjuicio de los ciudadanos, debido a que “en las elecciones y para los mítines, daban el transporte gratis para llevar gente a votar y por eso eran intocables”, aseguró un exfuncionario estatal quien también tuvo una cartera dentro del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas.
Otra causa de revocación de la concesión que es frecuente es “no cubrir las indemnizaciones por daños o perjuicios que se originen a los usuarios, peatones, conductores o terceros, con motivo de la prestación del servicio público de transporte”, lo cual además logran generalmente con la complicidad de los departamentos municipales de Tránsito.
Tamaulipas tiene uno de los peores servicios de transporte del país, con unidades que no ofrecen garantía de seguridad al usuario, y la mayor parte de los concesionarios, especialmente las personas morales, no cumplen con el deber de tener seguros vigentes que protejan a los pasajeros y sirvan para indemnizar dalos en propiedad ajena.
“XIII.- A los concesionarios de servicio público de transporte que no porten en sus unidades la póliza de seguro vigente, para indemnizar los daños y perjuicios que con motivo de la prestación del servicio se causen a los usuarios, peatones o terceros se les sancionará, con multa de sesenta a ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización tratándose de servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el caso de servicio de carga”, dice el artículo 119 de la Ley de Transporte.
Estas concesiones vencieron en 2005 y para que pudieran haberse prorrogado, además de presentar la solicitud, los concesionados debieron haber cumplido a satisfacción de la Secretaría con todas y cada una de las condiciones “requisitos establecidos en las concesiones, en la ley y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables”
PROMETER PARA AUMENTAR…
La última vez que se autorizó un alza, de ocho a nueve pesos, en octubre de 2015, fue a consecuencia de que los permisionarios comenzaron a cobrar la nueva tarifa en forma unilateral y el entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, lejos de aplicar la ley, les concedió el incremento.
La explicación para la nueva tarifa fue el presunto impacto de los combustibles y lubricantes, y por tercera vez desde 2011 la autoridad se comprometía que habría una modernización de las unidades chatarra, lo que fue un anunció que el Gobierno estatal sabía que era falso, pues habían otorgado en mayo de 2015, un nuevo plazo de tres años, dentro de un artículo Cuarto transitorio, que se había agregado luego de aprobar las reformas en el Congreso local.
Ya en enero de 2013 al incrementa la tarifa hasta 25 por ciento que “homologaría” a ocho pesos la tarifa en toda la entidad, la Subsecretaría de Transporte aseguró que los concesionarios tenían un año para cumplir con el programa de modernización, plazo que luego les fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2015.
El alegato de la autoridad y en este caso de la diputación priista en el Congreso local, fue el de siempre: “A la difícil situación económica que ha venido imperando en la región, de la cual se han visto afectados los prestatarios del servicio público de transporte, lo cual les ha impedido que renueven puntualmente y en términos de la ley, su parque vehicular”, anotaron a escondidas.
Se establece un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de este Decreto para que cumplan con el 100 por ciento de la renovación del parque vehicular con el que se presta el señalado servicio en el Estado, en el entendido de que “dentro del primer año ”concedido el prestatario deberá renovar por lo menos el 25 por ciento de su parque vehicular, asimismo, transcurrido el plazo que se establece en el presente artículo, a los prestatarios del servicio público de transporte que no hayan cumplido con la renovación vehicular prevista por la Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas, sin mayor trámite se les cancelará la concesión otorgada”, dice el Cuarto transitorio.
De hecho la Subsecretaría de Transporte de Tamaulipas en 2014, había visto más de dos mil unidades nuevas en la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros pero estas unidades estaban prestando realmente servicio en otras modalidades de transporte de empleados y como parte de la flotilla de concesiones a dos empresas.
La autoridad reguladora no solamente fue omisa al obligar al transporte a cumplir con los compromisos de modernización sino que tampoco cumplió con el Código de Desarrollo sustentable que exige que: Los propietarios de vehículos destinados al transporte público en el Estado adoptar las medidas necesarias, para controlar y reducir las emisiones vehiculares de contaminantes a la atmósfera, de conformidad con la normatividad aplicable.
Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) al menos 10 millones de los 16.5 millones de toneladas métricas equivalentes a dióxido de carbono que se emiten al ambiente anualmente en la entidad, provienen del transporte en general y en especial, de los vehículos importados y del transporte público.
Aunque la autoridad tiene facultades para verificar las emisiones del transporte “con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales”, en cuanto a emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes, no.
…Y venden sin reportar
Otra de las infracciones frecuentes por las cuales un concesionado podía perder sus derechos, es la enajenación o alquiler de su concesión o concesiones a terceros, sin realizar los trámites establecidos en la ley y sin que el cambio de titular se publique en el Periódico Oficial.
La ley señala que una concesión para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros no podrá enajenarse ni alquilarse sin la autorización expresa y por escrito del Ejecutivo. “Cualquier tipo de enajenación que se realice sin cumplir con dicho requisito, será nula y no surtirá efecto legal alguno”.
Microbuseros: no tenemos dinero ni para el enganche
Salvador Valadez C.
El transporte público de Victoria enfrenta una situación muy crítica en estos momentos, más del 40% de los micros quedaron fuera del subsidio fiscal otorgado por Gobierno del estado por no estar dentro del marco legal de los 10 años, y debido a lo incosteable en su operación más de 60 unidades han tenido que parar en los últimos días.
Ramón Hernández Manríquez, dirigente de los taxis y micros verdes, admitió que están desesperados por esta situación.
“Es difícil para nosotros, la verdad es que hay desesperación hay algunas unidades que están parando porque no hay capacidad de pago en el costo de operación, estamos esperando, sabemos que el gobierno esta dando seguimiento sigue la comunicación con ellos”, comentó.
Expuso que están haciendo ‘tandas’ para ir a comprar a Monterrey unidades que desechan allá y que son repotenciadas, es decir, se les arregla la máquina y se les hace hojalateada, para que entren en la modernización,
Reveló que hay unidades en el registro del transporte que debido a sus malas condiciones mecánicas se han parado, y aunque no existe la figura de relevo algunas personas con capacidad económica están entrando para reparar las unidades y trabajarlas.
Precisó que tan sólo en los micros verdes hay más de 60 unidades que han tenido que parar, ante esta crítica la situación.
“De hecho estamos proponiendo que se haga una revisión a las credenciales con las que se hacen descuentos, porque muchos no son estudiantes, o tampoco son personas adultos mayores”.
Dejó en claro que no están descartado lo del aumento del pasaje, aunque se tiene conciencia de que las condiciones económicas no son las mejores.
Detalló que los subsidios fiscales que les son concedidos cada año y el agregado en este, es que aplica el 50 por ciento también en los anteriores, no sólo el 2017, y reiteró que el subsidio nada más es aplicable para todas aquellas unidades que están dentro del marco legal.
“No hay problema con los taxis, porque pueden modernizarse no así los microbuses que cuestan más de un millón de pesos, ya que el problema es que no se tiene para el enganche, no somos sujeto de crédito y sino tenemos esto menos vamos a poder estar dentro del marco legal que son 10 años”.
Explicó que en el marco legal para los taxis libres la antigüedad máxima son 6 años, 8 para los taxis que son de sitio estacionarios y 10 años para los microbuses y en ese sentido los que tienen micros modelos 2004 al 2006 están fuera del beneficio.
En ese sentido reconoció que un 40 por ciento de las unidades del transporte en Victoria no están dentro del marco legal, y que esperan el estudio que está haciendo el Gobierno y siga abriendo el abanico para ser sujeto de crédito.
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