En una conferencia en la residencia oficial de Los Pinos en la que los miembros del Gabinete exhibieron los avances para la reconstrucción de los estados afectados por los terremotos del 7, 19 y 23 de septiembre (de magnitud 8,2, 7,1 y 6,1 en la escala de Richter, respectivamente), Robles señaló que la población sin vivienda es similar al total de habitantes del estado de Colima.
“Estamos hablando de más de 150.000 viviendas dañadas, desde daños menores, daños parciales, hasta daños totales”, una cifra que se asemeja al número de viviendas construidas durante 2016, precisó.
Un cuadro presentado en el evento con el desglose de las cifras preliminares, que no incluyó los datos de la Ciudad de México, indicó que hay 24.526 casas con pérdida total, 46.134 con daños que las hacen no habitables y 82.885 con daños, pero habitables.
La secretaria defendió que en un periodo “de tres a cuatro meses” se estará “consolidando” el proceso de reconstrucción de las viviendas con daños totales. Para ello, se ha iniciado una estrategia de “autoconstrucción con asistencia técnica”, aseveró.
“Las familias (…) tendrán la responsabilidad, con el apoyo del Gobierno, para autoemplearse o pagar mano de obra”, con la posibilidad de acceder a materiales con costos accesibles y con la asistencia técnica adecuada, explicó Robles.
Como resultado de los daños en las viviendas “tenemos a miles de hombres, mujeres, niños y niñas en los albergues, y muchos de ellos en centros de refugio comunitarios que han habilitado cercanos a sus casas”.
Los albergues habilitados -argumentó- no son “suficientes” para quienes han dejado sus viviendas, en ocasiones por miedo a posibles réplicas.
Robles remarcó que por ello se están poniendo en marcha espacios con cocinas comunitarias, baños, regaderas y espacios para que la gente “viva en condiciones de seguridad”.
La secretaria dijo que los censos para evaluar los daños de las viviendas se hicieron a través de la participación de 7.000 servidores públicos de todas las dependencias, quienes consiguieron recopilar los datos en un periodo más rápido que el establecido la ley, de un máximo de 20 días.
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