MÉXICO.- Los compromisos que el gobierno federal adquirió con la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) llevarán a modificar el Código Penal, para castigar a las personas que graben en el cine películas con algún dispositivo electrónico, incluso cuando no sea para comercialización.
La propuesta, en manos del Senado desde la pasada legislatura, es que a quien grabe una película sin permiso del titular de los derechos de autor para su posterior comercialización se le castigue con tres a 10 años de cárcel y de 2 mil a 20 mil días de multa.
Ante lo difícil de demostrar que alguien lo hizo con dolo y que la comercializará, la propuesta de modificación al Código Penal asegura que si se graba una película aun sin fines comerciales, la pena se puede reducir a la mitad, es decir, a entre uno y medio y cinco años.
En el capítulo 20 del T-MEC Derechos de Propiedad Intelectual se estableció que cada país determinará los procedimientos y sanciones penales que se aplicarán si se demuestra que una persona se ha involucrado dolosamente y con el fin de obtener un beneficio comercial o ganancia financiera en diversos casos como la distribución, transmisión o puesta a disposición de copias de obras, interpretaciones o ejecuciones de fonogramas.
Se busca frustrar esta práctica, porque México está entre los cinco primeros países que más películas comercializan bajo esta modalidad, de acuerdo con datos que proporcionó la Secretaría de Economía al Senado, obtenidos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma.
La práctica se denomina camcording en el mundo y tiene que ver con que una persona, sin permiso del titular de los derechos de autor, graba pedazos de filmes en salas de cine para luego editarlas, subirlas a una nube, darle a la película una mayor resolución para luego comercializarlas y distribuirlas.
La propuesta que presentó en la legislatura pasada la exsenadora Marcela Guerra advierte que las grabaciones se pueden realizar con videocámaras, teléfonos inteligentes y grabadoras de voz, entre otros dispositivos.
Datos del Worldwide camcords summary report indican que el hecho aumenta preocupantemente porque se registraron 85 grabaciones no autorizadas en 2016.
Los cambios al Código Penal que deben modificarse para castigar al camcording deberá quedar listo en este periodo ordinario de sesiones del Senado, de acuerdo con la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora.
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