Un automóvil conducido por un suicida explotó en la embajada china en Biskek, la capital de la república centroasiática de Kirguistán. En el incidente murió el conductor y tres personas quedaron heridas. Según el viceprimer ministro kirguís, Jenish Razakov, los heridos son empleados de la embajada, todos ellos de nacionalidad kirguisa. Hasta el momento nadie se ha atribuido la autoría del ataque.

Según la agencia de noticias china Xinhua, el vehículo se estrelló contra las puertas de la embajada antes de estallar. AFP cita a una fuente de la Policía en Biskek para indicar que el automóvil llegó a entrar al patio de las instalaciones diplomáticas y explotó cerca de la residencia del embajador.

China ha condenado el incidente como un “ataque extremo y violento”. La portavoz de su Ministerio de Exteriores, Hua Chunying, instó a Kirguistán a “investigar con rapidez el incidente, garantizar la seguridad del personal chino y esclarecer lo ocurrido, para que los responsables rindan cuentas”.

Hasta el momento, Pekín no ha querido calificar el ataque de atentado terrorista y ha hecho hincapié en que ninguna organización lo ha reivindicado. La explosión se produce en un momento sensible para China, a cinco días de que se inaugure en Hangzhou, en el este del país, la cumbre anual del G20 el 4 de septiembre. El gobierno chino ha otorgado una importancia extrema a esa reunión, en la que quiere transmitir el mensaje de que su país ya es uno de los principales protagonistas de la diplomacia internacional.

El ataque contra la embajada china, muy cercana a la estadounidense, tiene lugar un día antes del día de la independencia kirguís. Kirguistán, de 6 millones de habitantes y de población mayoritariamente musulmana, llevó a cabo varias operaciones antiterroristas en 2015 y se calcula que unos 500 de sus ciudadanos se han unido al Estado Islámico.

Kirguistán es también, junto a Uzbekistán, el país en Asia Central con una mayor comunidad uighur. La etnia uighur, un pueblo de origen túrquico y religión musulmana, habita principalmente en Xinjiang, en el noroeste chino. Allí, el gobierno de Pekín ha impuesto una serie de duras medidas que defiende como necesarias para luchar contra el terrorismo tras una serie de episodios de violencia en 2014 que China atribuye a grupos separatistas islámicos. Los críticos a esas políticas, incluidos los líderes uighures en el exilio, denuncian discriminación en favor de la mayoría han y consideran que la represión solo conseguirá radicalizar a esa minoría.