Según el artículo 28 del Reglamento General de Exámenes de la UNAM vigente en 1991, los sinodales designados por la Universidad Panamericana (UP) eran los responsables de aceptar y revisar el contenido de la tesis de licenciatura del presidente Enrique Peña Nieto denominada “El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón”.
De acuerdo con información de Aristegui Noticias, lo anterior es parte de la respuesta de la UNAM a la “consulta técnica” que la institución privada realizó tras la publicación del reportaje “EPN, de plagiador a Presidente”, en el cual se concluye que al menos 28.8 por ciento de la tesis presidencial fue plagiada a distintos autores.
La respuesta de la UNAM a la UP fue elaborada por la Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), Manola Giral Lozano, en un documento al cual tuvo acceso Aristegui Noticias, con fecha del pasado 12 de septiembre, y que consta de tres hojas y ocho puntos diferentes.
En el punto séptimo del oficio dirigido por la UNAM al representante legal de la Panamericana, Adrián Omar Pichardo Jiménez, la DGIRE también reconoce que conforme a la normativa vigente en 1991, una vez que una persona ha aprobado su examen profesional para otorgar el título de Licenciado de Derecho a una persona, ya no existe una norma o disposición posterior que permita revisarlo de forma posterior.
La “consulta técnica” enviada por la UP a la UNAM está planteada en términos negativos, es decir, antes de que la Universidad Nacional emitiera cualquier respuesta, la premisa de la escuela privada es que “no existe normatividad o reglamentación que regule o sancione los hechos narrados” en el documento recibido por la UNAM, dice la nota publicada por el portal Aristegui Noticias.
La revisión de la UP a la tesis de Peña Nieto admitía que el texto del entonces pasante de Derecho contenía decenas de “reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía”, es decir, plagio a diversos autores.
Ante la pregunta en sentido negativo, la UNAM responde textual: “efectivamente, una vez aprobado el examen profesional para obtener el título de Licenciado en Derecho, siguiendo el procedimiento antes descrito, no existe disposición que permite su posterior revisión, ya que dicho acto produce efectos jurídicos correspondientes”.
Sin embargo, la UNAM es muy clara en cuanto al deslinde de responsabilidades, puesto que en el punto ocho del documento, la titular de DGIRE, Manola Giral, insiste en que conforme al Estatuto General de la UNAM vigente en 1991, correspondía a la universidad incorporada sancionar cualquier violación grave cometida por cualquiera de sus alumnos a la legislación universitaria.
“Cabe señalar también que, según el Estatuto General de la UNAM, vigente desde las fechas que se refieren (1991), únicamente son responsables por faltas a la Legislación Universitaria los miembros del personal académico y los alumnos, por las causas graves de responsabilidad previstas en el artículo 95 del mismo ordenamiento. En consecuencia, cualquier asunto o falta a la normatividad cometida por un alumno del sistema incorporado, queda fuera de la jurisdicción de la legislación universitaria y de los órganos encargados de velar por su cumplimiento”, señala la respuesta de la UNAM a la UP.
Incluso, dice Aristegui Noticias, la DGIRE agrega que los alumnos de las instituciones incorporadas no se consideraban alumnos de la Universidad Nacional “para los efectos y obligaciones correspondientes”, puesto que las escuelas privadas estaban obligadas en 1991 a emitir un reglamento interno para someter a sus alumnos a las disposiciones internas emanadas de estos.
Por lo que se refiere a la tesis y al examen profesional, la UNAM le señala a la Panamericana que le correspondía a los planteles y escuelas incorporadas autorizar y registrar los temas de tesis o tesina de sus alumnos, además de advertir que también le correspondía a la UP designar a un asesor o director de tesis, mismo que era responsable de que el trabajo escrito reuniera los requisitos necesarios para ser aceptado y aprobado.
El director de la tesis de Enrique Peña Nieto fue el actual magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, quien atribuyó los plagios a “errores de imprenta”.
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