Washington. La demanda del gobierno mexicano contra armerías de Estados Unidos, acusadas de que por sus negligencias facilitan el tráfico ilegal de armas y la violencia en el país, ha sumado a los apoyos a su causa varios nombres importantes de la sociedad civil mexicana, como Adrian LeBarón y el doctor Carlos Pérez Ricart, así como activistas, académicos, colectivos de buscadoras, representantes de iglesias y otros defensores de derechos humanos, incluyendo el Centro Prodh, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) y Ciudadanos por una Causa en Común.
En total, veinticinco personalidades e instituciones que se personan ante la corte de Boston que tiene el caso como “amici curiae” (amigo de la corte, en su traducción literal del latín), una expresión utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros en un litigio, donde exponen opiniones y argumentos en su posición de defender una u otra parte del caso judicial, y así ayudar a la corte a resolver el litigio.
En su documento de presentación ante la corte, revisado por EL UNIVERSAL, este grupo recuerda que “si no fuera por el influjo de armas desde Estados Unidos a México, un problema de esta escala masiva no existiría”, especialmente teniendo en cuenta que el país tiene una legislación de control de armas “muy restrictiva”, de las más duras del mundo.
“Estados Unidos es la principal fuente de armas en México y la consiguiente violencia que crean”, resuelven los firmantes del texto.
En su documento, de 26 páginas y fechado el pasado lunes -aunque no se incorporó al expediente del caso hasta este jueves-, los ‘amici’ se presentan como “voces del daño” de las armas en el país, visiones diferentes a las del gobierno mexicano (demandante de la causa). Como detallan, “incluyen madres que han perdido hijos […] a causa de la violencia armada; activistas que buscan detener la ola de tráfico de armas; y académicos que estudian los efectos perjudiciales de las armas ilegales en la economía, el gobierno y la población de México”; y lo hacen “tanto a través de sus historias personales como de sus observaciones al lidiar con el problema fundamental de la violencia armada”.
“Los ‘amici’ relatan sus experiencias y puntos de vista únicos, lo que demuestra la importancia de este caso”, resumen.
Hay víctimas que han sufrido pérdidas personales en la violencia de las armas, como varias buscadoras o Adrián LeBarón, varios de cuyos familiares fueron asesinados en 2019 en un caso que sacudió la opinión pública, y que le han llevado a ser un activista destacado de la necesidad de rendir cuentas a los traficantes de armas y la violencia que generan.
Además también se detallan reportes de desaparecidos y asesinatos; así como informes académicos de los efectos de las armas más allá de la violencia, como la migración forzada huyendo de esa violencia, o los efectos en la sociedad en sí y en la economía de las comunidades afectadas.
“A menos y hasta que el flujo ilegal de armas hacia el país se detenga o al menos se reduzca sustancialmente, el daño creado por estas armas mortales solo aumentará”, concluyen.
El pasado lunes, el gobierno de México respondió ante la corte de Boston, Massachusetts, a los argumentos de las armerías de Estados Unidos que pidieron desechar la demanda presentada por el gobierno mexicano.
México aseguraba que, contra lo que señalan las armerías, la corte de Boston sí tiene jurisdicción y que las armerías sí tienen responsabilidad en el hecho de que las armas que venden terminen en manos del crimen organizado.
Ese mismo día, se presentaron como amici curiae los gobiernos de Antigua y Barbuda y Belice; catorce fiscales generales de estados demócratas de Estados Unidos, media docena de organizaciones estadounidenses para el control de armas como Everytown o March for Our Lives, y una treintena de fiscales de distrito de varios condados y ciudades de Estados Unidos, que presentaron documentos de apoyo a la demanda mexicana, acusando a las armerías de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas al país.
A ellos se unen ahora los representantes de la sociedad mexicana, en este esfuerzo del gobierno de México de hacer rendir cuentas a los principales fabricantes de armas estadounidenses de la violencia y muertes no solo en México, sino también en toda la región.
Las armerías acusadas son Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta USA Corp; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock, Inc.; Sturm; Ruger &Co., Inc.; y Witmer Public Safety Group, Inc.
El listado de activistas, académicos y víctimas mexicanas que se unieron a la demanda es el siguiente:
– CAFAM (Familias Acapulqueñas) A.C. – Adrian LeBarón – Dr. Arturo Cervantes Trejo – Dr. Carlos Pérez Ricart – Dr. Cecilia Farfán Méndez – Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Human Rights – Center (Centro Prodh) – Centro de Estudios Ecuménicos A.C. (CEE) – Ciudadanos por una Causa en Común A.C. – Colectivo Buscadoras Guanajuato – Rev. Dan González-Ortega Rector of the Theological Community of Mexico – Evelina Guzman Castaneda – Global Exchange – Iglesias por la Paz – Instituto RIA, A.C. – María Herrera – María Isabel Cruz Bernal – Mexico Violence Resource Project – Paulina Vega González – Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato – Proyecto de Búsqueda de Guanajuato – Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) – Santiago Aguirre Espinosa, Director, Centro Prodh – Sara San Martín Romero, Member, CEE – Seminario Bautista de México – Dr. Sergio Aguayo Quezada
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