CIUDAD DE MÉXICO.- Las llamadas son cada vez más frecuentes: hallaron otro cuerpo, desmembrado, con la ropa hecha jirones, con heridas de bala. El teléfono suena de día, a la medianoche y a la madrugada.
Los colegas se reúnen de inmediato para rendirle honores; sus fotografías y mensajes son un testimonio sombrío de otro periodista que murió aquí en el estado de Veracruz, al este de México: el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en todo el hemisferio occidental.
“Ya tiene rato que hemos estado viviendo en este infierno”, cuenta el periodista Octavio Bravo, mientras miraba fijamente el ataúd de un colega muerto a balazos el año pasado. “No te imaginas la impotencia, la frustración que sentimos”.
México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha hay registro de 104 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos y, se cree, muertos. En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado fueron asesinados once periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo.
POCAS ESPERANZAS DE CAMBIO
Marzo ya fue el peor mes desde que hay registros, según los datos del capítulo local de Artículo 19, grupo que monitorea la violencia contra los periodistas en todo el mundo. Siete periodistas fueron baleados en todo el país en marzo y tres de ellos murieron. Fueron asesinados afuera de sus casas, sentados en sus autos, saliendo de un restaurante o mientras hacían un reportaje, por hombres armados que desaparecieron sin dejar rastro.
No obstante, de los más de 800 casos graves de acoso, ataques u homicidios contra periodistas en los últimos seis años, solo han sido emitidas dos sentencias por la fiscalía creada especialmente para investigar delitos contra la libertad de expresión.
DANIEL MORENO
El presidente Enrique Peña Nieto ha prometido atender la violencia contra los medios nacionales.
No obstante, el gobierno federal ha establecido de manera reiterada que los delitos contra los periodistas no son ataques a la libertad de expresión, lo cual quiere decir que no ameritan la participación del gobierno federal. Los investigadores federales han revisado 117 casos de asesinatos de periodistas desde el 2000, pero solo decidieron investigar ocho. De esos ha sido resuelto uno.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión en marzo que dicta que todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales. Sin embargo, la decisión de la corte todavía no es vinculante y solo aplica para delitos nuevos, lo cual quiere decir que una gran cantidad de casos se quedarán en los tribunales locales donde actualmente están. Estos cuentan con pocos recursos y son muy vulnerables a la corrupción.
TRES BOLSAS DE BASURA
Moisés Sánchez Cerezo fue editor del periódico La Unión por más de una década, aunque, a decir de su familia, el peligro llegó hasta que comenzó a escribir notas sobre el desvío de fondos por parte de un alcalde local en una zona que se había tornado cada vez más violenta.
En enero de 2015, hombres armados irrumpieron en la casa de Sánchez y lo sacaron a rastras, ante la mirada impotente de su familia. Días más tarde su cuerpo fue encontrado destazado y los restos metidos en tres bolsas de basura negras.
Durante meses, sus familiares y periodistas de Veracruz exigieron que el gobierno federal investigara el caso como un ataque a la libertad de prensa. La fiscalía especializada que se creó para proteger la libertad de prensa se resistió a hacerlo.
SIN RELACIÓN A SU LABOR
Este 28 de abril, por quinta ocasión, los reporteros en la capital veracruzana, Xalapa, rindieron honor a su colega asesinada Regina Martínez.
Usualmente ponen una placa en una plaza en el centro de la ciudad, la cual renombran “Plaza Regina Martínez”. Los últimos cuatro años que lo han hecho, la placa ha sido quitada por el gobierno.
Tal vez no haya otro caso más simbólico de la lucha de los periodistas mexicanos en Veracruz que la de Martínez, corresponsal de Proceso, un baluarte del periodismo independiente y una revista que históricamente ha tenido una postura crítica hacia el gobierno local y nacional.
Sus reporteros lo han pagado caro; se encuentran entre los más amenazados, no solo en Veracruz sino en todo el país.
Martínez, una reportera aguerrida con más de 20 años de experiencia, era vista como el ejemplo de una periodista seria que no tenía miedo de cubrir los problemas más críticos de su tiempo, en especial los del nexo entre la delincuencia y la política.
Martínez fue hallada en el piso de su baño, tras ser golpeada y estrangulada, la noche del 28 de abril de 2012, un día después de que se publicaran artículos suyos –uno sobre la misteriosa muerte de un político y otro sobre el arresto de nueve policías que trabajaban para narcotraficantes–.
VIVIR CON PRECAUCIÓN
Durante casi tres años, Olivares ha sido reportero de El Dictamen, uno de los diarios de mayor tiraje en Veracruz. Su trabajo es una muestra del costo de la guerra contra el narco: cuerpos desmembrados, balaceras, secuestros.
El trabajo ha tenido su precio. En febrero, un comandante de policía lo amenazó de muerte si no dejaba de tomar fotos de una escena del crimen. Él reportó el incidente y ahora lleva consigo un botón de pánico que le entregó el gobierno, que dijo le sirve de poco consuelo. El botón llama al mismo cuerpo policial por el que se siente amenazado.
“El gobierno es el peor”, dijo. “Por lo menos las amenazas de los narcos son directas, claras”.
Es así como, Olivares ha decidido encargarse de su propia seguridad; al igual que la mayoría de los reporteros aquí, ha adoptado un sistema de vigilancia y seguridad en grupo.
OBSTÁCULOS PARA LA JUSTICIA
A finales de julio, el periodista de nota roja Pedro Tamayo Rosas estaba en la entrada de su casa, ayudando a su esposa con el puesto de hamburguesas que tiene en su modesta casa de Tierra Blanca, una ciudad de Veracruz.
Rondando las 23:00 horas, un hombre armado salió de una camioneta negra. Pidió una hamburguesa antes de vaciar el cargador de su arma contra Tamayo, y desapareció.
Tamayo, quien estuvo desangrándose casi media hora en la acera y murió camino al hospital, fue el primer periodista mexicano en ser asesinado cuando estaba bajo protección del Estado, lo cual puso fin al saldo blanco de los casi 500 periodistas y defensores de los derechos humanos sujetos a un programa de resguardo gubernamental establecido hace unos cinco años.
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