LA PAZ, BCS.- Un zafarrancho en las oficinas del Palacio de Gobierno de Baja California Sur se registró esta tarde cuando se manifestaban personas en contra de la denominada “Ley de Infancias Trans” recién aprobada en el Congreso local.
Los manifestantes, buena parte integrantes de organizaciones religiosas y del Frente Nacional por la Familia en BCS, se plantaron en la explanada del gobierno y un grupo de ellos intentó por la fuerza ingresar al segundo piso, en busca de una reunión con el gobernador, Víctor Castro Cosío, a quien le exigen vete la ley aprobada en días pasados, en la recta final de los trabajos de esta legislatura.
“¡Los niños no se tocan!”, coreaban mientras se daba el jaloneo con personal de seguridad que resguarda el edificio.
Con cartulinas y mantas expresando el rechazo a la ley que permite el cambio de identidad de género, sin restricción de edad y sin el consentimiento de padres de familia, gritaban “cobarde” al gobernador y a los diputados que aprobaron por mayoría los cambios al código civil del estado.
Rafael Loera Vázquez, líder del Frente Nacional por la Familia en el estado, señaló que las modificaciones “retiran la patria potestad” sobre los hijos.
“Violentan nuestros derechos como padres de familia. Nos dejan indefensos. Existe el peligro de que cualquier persona los lleve al registro civil para cambiarles el nombre y quitárselos a los padres”, lanzó, al tiempo que remarcó que el dictamen abre la puerta incluso –dijo– a la trata de personas.
Después de los forcejeos una comisión ingresó a las oficinas de la Secretaría General donde se les dijo que sostendrían reunión con funcionarios, aunque exigieron que esté presente el mandatario.
En conferencia de prensa, por separado, abogados y otros líderes de este Frente, expusieron diversos errores jurídicos que, aseguraron, se encuentran en el dictamen aprobado el cual -criticaron- “no se socializó”.
“La iniciativa no se sometió al consenso ciudadano, cuando es una iniciativa de impacto social. No hicieron un estudio de derecho comparado en el Legislativo. Hay antecedentes en otros países, como Estados Unidos, y en varios de Europa sobre gravísimos problemas por esta cuestión, se confunde el género con el sexo. Ha provocado fraudes y delitos que tienen que ver con la identidad de las personas. El principal problema que vemos es la certeza jurídica”, expuso el abogado Arturo Rubio Ruiz.
Remarcó que con la iniciativa se “superpone al Estado” en las decisiones que solo deberían ser tomadas por los padres de los menores de edad y aseguró que existen elementos que de revisarlos el área jurídica del Ejecutivo sustentarían el veto.
El 27 de junio, en una acalorada sesión, con gritos a favor y en contra de activistas y manifestantes, con cinco votos en contra de los diputados del PAN, PRD y Fuerza por México BCS, la mayoría morenista, sus aliados del PT y la ex diputada priista, Paz Ochoa, se aprobó la iniciativa de Ley de Infancias Trans.
En la lectura, se argumentó que se da cumplimiento a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya se pronunció al respecto y que resolvió una acción de inconstitucionalidad 132/2021, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra del artículo 144 del código civil del estado de BCS donde se hacía referencia al cambio de identidad de género pero en mayores de edad.
Los diputados de oposición reclamaron que el punto se hubiera incluido de último momento en el orden del día, que no se hubiera entregado el dictamen, sino media hora antes del arranque de la sesión.
Integrantes de colectivos LGBTQ+ celebraron la aprobación y rechazaron lo que denominaron discursos de odio y discriminación en su contra.
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