Instalar una ROM personalizada, descargar y usar software que no provenga del mismo proveedor, y hasta reparar un teléfono, pasa por romper un candado digital (también conocido como DRM), lo que ahora está expresamente prohibido en la Ley Federal de Derecho de Autor. Los candados digitales son medidas tecnológicas de protección que usan fabricantes o desarrolladores de hardware para sus derechos de autor queden protegidos. De esta forma los usuarios no pueden hacer copia de la información que los sistemas contienen y tampoco pueden acceder al código del software.
El problema es que romper candados es parte del proceso para reparar un equipo, actualizar un dispositivo que ha sido descontinuado por el fabricante, o impedir que un dispositivo recabe información del usuario.
El nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá entra en vigor este 1 de julio. Era prioridad del Congreso de que antes de que sucediera se armonizaran una serie de leyes, entre las cuales está la Ley Federal del Derecho de Autor. Aunque organizaciones civiles como Red por la Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19 denunciaron que la ley podría dar paso a casos de “censura previa”, y el debate se vislumbró (pero no se concretó) en el Senado, las reformas a la Ley fueron aprobadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados el 29 y 30 de junio respectivamente. El mismo documento estableció que los candados digitales no deben romperse, salvo muy contadas excepciones.
Los candados digitales pueden romperse solo en estas situaciones
Las excepciones aprobadas son las siguientes:
- Cuando el propósito sea interoperabilidad. Esto quiere decir que usuarios podrán migrar de un sistema a otro en sus dispositivos. Un ejemplo es la transición por la que dependencias de gobierno están pasando, para que sus sistemas utilicen código abierto. Es por esta excepción que no estarían incurriendo en una falta a la Ley.
- Cuando se quiera prevenir el acceso a menores a contenidos inapropiados. Si un candado digital es roto para incluir medidas de seguridad para menores, entonces está permitido.
- Cuando el propósito sea probar, investigar o corregir la seguridad de una computadora, sistema o red de cómputo.
- Cuando una institución educativa deba acceder, sin fines de lucro, a una obra, siempre y cuando sea con el propósito de decidir si se compra todo un material
- Cuando una persona desee que su dispositivo deje de recopilar información personal. De esta manera un usuario puede impedir que su smartphone, recopile, el historial de ubicaciones por GPS.
- Cuando una persona autorizada deba hacerlo para proteger la seguridad nacional. Este punto ha causado debate por cuan ambiguo puede ser.
- Cuando un investigador deba analizar fallas en una tecnología, siempre y cuando la haya obtenido de forma legal
- Cuando una persona sin fines de lucro adapte un sistema a otros lenguajes, o lo acople para ser accesible a personas algún tipo de discapacidad. Otras excepciones pueden ser admitidas, siempre y cuando haya una solicitud de por medio al Instituto de la Propiedad Intelectual, en donde debe haber evidencia para sustentar la solicitud.
Aunque no son pocas las excepciones, no se incluye ninguna que haga referencia a propósitos que tienen que ver con reparar un dispositivo y extender su vida útil.
Cuando el documento pasó por el Senado, el tema fue puesto en la mesa por la senadora senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, quien dijo que ya antes se ha intentado abusar de la prohibición de romper candados digitales para “intentar criminalizar” a quienes reparan teléfonos, computadoras y prácticamente cualquier dispositivo tecnológico personal. El caso sin embargo puede extenderse al conocido caso de agricultores que decidieron en Estados Unidos reparar por sí mismos sus propios tractores, explicó la senadora.
Pero los usuarios, “tenemos el derecho a mantener o reparar objetos que son de nuestra propiedad”, dijo.
“Dispositivos de todo tipo poseen medidas tecnológicas de protección que impiden a cualquier persona conocer cómo funcionan, repararlos o modificarlos de maneras legales, como ocurre por ejemplo con las personas que arreglan vehículos. Esto puede malinterpretarse y entonces podremos tener problemas si por ejemplo si yo llevo mi vehículo a reparar a un lugar que no es la agencia”, comentó Antares Vázquez
Hay dos vías de castigar violaciones a la Ley: la vía civil o administrativa, y la vía penal. Para la segunda vía se necesita además hacer modificaciones al Código Penal Federal, que también fueron aprobadas en las sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados. Fue en la Cámara de Diputados donde se insinuó que las excepciones a romper candados digitales en el Código Penal deberán ser ser revisadas a fondo, pero que será hasta después de la aprobación de la reforma.
La diputada Mariana Rodríguez mencionó la idea de hacer, eventualmente, un foro abierto en donde los resultados sirvan para nuevamente hacer cambios al Código Penal.
Mientras tanto, organizaciones civiles ya confirmaron que impulsarán que el tema llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última instancia que puede echar atrás las reformas. Por ahora, lo único que falta para que entren en vigor es que sean publicadas por el presidente.
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