CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un acuerdo que prohibe la difusión y creación de nuevos programas sociales en la ciudad desde el 12 de febrero hasta el día de los comicios del 1 de julio próximo.
En sesión extraordinaria, la autoridad electoral avaló las medidas de neutralidad que deberán observar servidores públicos, y de protección para quienes asistan a eventos públicos en el proceso electoral en curso.
El consejero electoral Mauricio Huesca explicó que la aprobación del acuerdo no implica que se prohibirán los programas sociales que implementa el gobierno de la ciudad, sino solo su difusión o la creación de nuevos.
“Esto quiere decir, que no con motivo del proceso electoral, ahorita de manera formalizada se creen nuevos programas sociales, sin reglas de operación, sin padrón de beneficiarios o con tintes, que se pudieran sospechar son electorales”, expuso.
El acuerdo señala que a partir del periodo de intercampaña, que inició este lunes, y hasta el día de la jornada electoral, queda prohibido a cualquier funcionario condicionar o promover la entrega inmediata o futura de recursos públicos, programas y acciones sociales. AsÍ mismo, los beneficios derivados de la utilización de recursos destinados al apoyo de la ciudadanía afectada con motivo de desastres naturales.
De esta manera, la entrega de recursos del Plan de Reconstrucción propuesto por el gobierno capitalino para resarcir los daños del sismo del 19 de septiembre pasado se deberán desvincular del proceso electoral en curso.Detalló que si bien la autoridad electoral no puede sancionar a los servidores públicos que incurran en irregularidades en la aplicación de los programas sociales, sí vigilará e investigará y de ser el caso dará vista a las autoridades correspondientes.
El IECM publicará en su sitio de Internet los calendarios, las reglas de operación y el padrón de beneficiarios de los apoyos sociales y las instancias gubernamentales deberán abstenerse de promocionar partidos o candidaturas en cualquiera de sus páginas de internet.
En el uso de las redes sociales no se condiciona a los ciudadanos su derecho a la libertad de expresión, pues las restricciones se limitan a las cuentas vinculadas con instituciones públicas.
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