ESTADOS UNIDOS.- Una coalición de 20 procuradores estatales de Estados Unidos obtuvieron hoy la orden judicial que impide que la administración de Donald Trump distribuya planos de armas “fantasmas”, que pueden ser impresas por internet en 3D por el público y sin ningún rastreo.
“Cuando la administración Trump inexplicablemente dio luz verde para distribuir planos en Internet de pistolas fantasmas impresas en 3D e imposibles de rastrear, puso en peligro innecesariamente a nuestros niños, seres queridos, hombres y mujeres en la aplicación de la ley”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra.
“Las acciones de la administración Trump fueron peligrosas e incompetentes. La decisión de hoy debe servir como una llamada de atención a la administración: si continúa saboteando el trabajo de las fuerzas del orden para mantener a las comunidades a salvo, lo haremos responsable”, afirmó Xavier Becerra.
Becerra forma parte de una coalición multiestatal, que demandó y obtuvo una orden judicial preliminar que impide al gobierno de Trump la distribución de planos de armas “fantasmas” impresas e indescifrables en 3D.
El 29 de junio, el gobierno estadunidense -a pesar de dos fallos judiciales favorables que autorizaban al gobierno a bloquear la publicación de planos descargables para armas fantasmas impresas en 3D- llegó a un acuerdo con Defense Distributed, una compañía con sede en Texas que distribuye planos impresos en 3D de pistolas fantasmas.
Este acuerdo se hizo público a fines de julio. El 30 de julio Becerra se unió a una coalición bipartidista encabezada por el Estado de Washington compuesta por 20 fiscales generales y pidió al gobierno federal que cambie su rumbo y que bloqueé a Defensa Distribuida para que no publique planos en línea.
Al día siguiente, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington emitió una orden de restricción temporal que impedía que la administración Trump tomara medidas para permitir que Defense Distributed diseminara planos en 3D de armas fantasmas.
Becerra se unió a la coalición liderada por el Estado de Washington para solicitar una orden judicial preliminar el 10 de agosto de 2018.
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