El ex policía argentino Miguel Etchecolatz tiene 87 años y está condenado en cuatro causas por delitos de lesa humanidad. El viernes pasado, un tribunal federal oral le concedió la prisión domiciliaria y, aunque todavía no salió de la cárcel (porque un juez de primera instancia lo investiga en otro caso más), el fallo causó un terremoto jurídico en este país donde los juicios relacionados con la última dictadura (1976-1983) son asunto cotidiano.

Etchecolatz fue jefe de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires durante esa dictadura. Fue responsable del operativo conocido como la Noche de los Lápices, en el que se secuestró y asesinó a diez estudiantes menores de 18 años. En 2006, el ex policía fue condenado a reclusión perpetua por homicidios, torturas y privaciones ilegítimas de libertad.

En ese mismo año, durante el juicio, Julio López, un testigo anciano que declaró en su contra y que había estado preso en la dictadura, desapareció. No hubo una acusación contra Etchecolatz, pero a López se lo considera “desaparecido en democracia”.

Además, en los últimos años Etchecolatz fue acusado por el juez federal Carlos Rozanski por las amenazas que él y sus empleados sufrían cuando juzgaban estos casos.

En ese contexto, el hecho de que Etchecolatz reciba arresto domiciliario con el argumento de que tiene 87 años, hipertensión y riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, ha generado protestas de organizaciones de derechos humanos, en especial porque existe un informe médico que descarta todos esos problemas de salud.

“Hay demasiadas opiniones encontradas y sabemos muy bien quién es Etchecolatz”, dijo Graciela Lois, miembro de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

Como Etchecolatz, hay alrededor de 500 policías y militares que piden la prisión domiciliaria. En total, hay mil 56 detenidos por delitos de lesa humanidad, de ellos, 462 cumplen arresto domiciliario basando sus reclamos en que la ley argentina otorga ese beneficio a condenados de más de 70 años o con problemas de salud.

“Etchecolatz es un simulador cruel y peligroso, y en 2015 presenté un informe diciendo eso”, explicó a este diario la perito psicóloga Adriana Taboada, que examinó al policía dos veces.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que el gobierno no va a apelar contra este tipo de beneficios, que solía rechazar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero con la avalancha de opiniones en contra, las autoridades reconocieron que se evalúa objetar en este caso.