PERÚ.- El presidente interino de Perú, José Jerí, declaró este martes el estado de emergencia en Lima y el Callao, ante el avance del crimen organizado y la ola de violencia que ha dejado decenas de muertos y miles de denuncias de extorsión. La medida permitirá militarizar las calles y restringir derechos constitucionales por 30 días, afectando a más de 10 millones de personas.
Estado de emergencia: calles militarizadas y restricciones
En un mensaje televisado a la nación, Jerí anunció que el decreto entra en vigor a las 00:00 horas del miércoles 22 de octubre. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas podrán patrullar junto a la policía para mantener el orden público.
Entre las disposiciones más severas se encuentra la prohibición de circular dos personas en una misma motocicleta, una práctica común en los ataques del sicariato. También se restringen los derechos de reunión y libre tránsito, y se autoriza el ingreso de las autoridades a domicilios sin orden judicial.
La capital peruana ya había estado parcialmente bajo emergencia entre marzo y julio de 2025, tras el asesinato de un reconocido cantante de cumbia.
“Pasamos a la ofensiva contra el crimen”
“La delincuencia ha crecido de manera desmesurada, pero esto se acabó”, afirmó el mandatario en su discurso, acompañado por su gabinete.
“Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”, añadió.
El video oficial del mensaje presidencial fue transmitido por la televisora estatal TV Perú, marcando la primera acción contundente del gobierno interino tras casi dos semanas en el poder.
Violencia, protestas y crisis política
El anuncio llega después de una semana de protestas masivas en Lima, donde un civil murió y más de 100 personas resultaron heridas en choques con la policía.
El 15 de octubre, miles de ciudadanos marcharon contra la inseguridad, el Congreso y el nuevo gobierno derechista de Jerí.
El 10 de octubre, el Congreso destituyó a la entonces presidenta Dina Boluarte, profundizando una crisis institucional que ha dejado a Perú con siete presidentes desde 2016.
Ola de extorsiones y homicidios
El auge del crimen se refleja en las cifras: las denuncias de extorsión crecieron de 2.396 en 2023 a más de 17 mil en 2024, según la Policía Nacional. Entre enero y septiembre de 2025, ya se registran 20.705 casos, un aumento del 28.8% respecto al año anterior.
Solo en Lima y el Callao, 47 conductores fueron asesinados entre enero y octubre, de acuerdo con el gremio de transportistas Anitra, que agrupa a más de 460 empresas.
Con el estado de emergencia, el gobierno busca frenar la violencia y contener la creciente presión social que amenaza con desbordar nuevamente la estabilidad política del país.
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