CIUDAD DE MÉXICO.- Más allá de que diversas organizaciones mexicanas no reciban apoyo económico luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del gobierno para apoyar a grupos que practiquen o asesoren sobre aborto en el extranjero, la verdadera preocupación es que en México se fortalezcan los grupos que están en contra de esta opción de salud reproductiva, coincidieron representantes de diversas asociaciones del país.
Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aseguró que “el hecho de que Trump sea presidente de una nación que dicta política y rumbo para el resto del mundo fortalece a grupos de aquí que han sido contrarios a los derechos de las mujeres”, pues cree que éstos se sentirán respaldados por alguien con “mucho poder”.
María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, mencionó que la medida pretende limitar e impedir que organizaciones no gubernamentales apoyen a las mujeres a ejercer sus derechos.
“El decreto es una medida muy grave, puesto que realmente a quienes va a afectar son asociaciones de mujeres o personas marginadas del sur del continente, porque además no sólo es contra el aborto, sino va en contra de medidas anticonceptivas como la pastilla de la emergencia y en algunos casos temas de planificación familiar”.
Tanto GIRE como Católicas por el Derecho a Decidir reciben apoyo económico del extranjero, pero no del gobierno de Estados Unidos, sino del sector privado.
Las expertas en temas de derechos humanos lamentaron la decisión del presidente estadounidense y la calificaron de “un gran retroceso”. Sin embargo, advirtieron que “es el inicio de lo que ya se venía avisando”.
Resaltaron la preocupación de que en tan poco tiempo de ocupar la Oficina Oval ésta sea una de las primeras acciones del mandatario, pues tras las marchas de mujeres ocurridas el sábado 21 de enero el decreto es una muestra de poder, “de decir: ‘se los advertí, no me interesa que las mujeres puedan ejercer sus derechos’”.
Con respecto al dinero que pueda provenir de Estados Unidos para apoyar a organizaciones proaborto, Regina Tamés expresó que México nunca ha sido prioridad, a diferencia de otras naciones, como la región de Centroamérica y África. “En el país te diría que conozco que hay fundaciones que se verían impactadas por esta medida, pero la gran mayoría tienen financiamiento, por suerte, de fundaciones privadas”.
Hace seis años, Tamés Noriega colaboró con la organización Planned Parenthood, que proporciona servicios de salud reproductiva en más de 180 países y mencionó que desde su campaña Trump dejó claro que quería quitarle el apoyo del gobierno porque no considera que el trabajo con el que esta institución ayuda a más de 2 millones 500 mil personas sea fundamental. “Creo que se veía venir, ahora es importante que los grupos se unan para apoyar a Planned Parenthood”.
Advirtió que existe una influencia de Estados Unidos hacia México y con este decreto la situación se agravaría porque en el país “tenemos leyes restrictivas con respecto al aborto” y subrayó que “si bien Peña Nieto no es abiertamente misógino como Trump, sus políticas no han logrado paliar la discriminación contra las mujeres y tampoco ha hecho nada para que éstas tengan acceso al aborto legal, lo que debería ser un derecho”.
Añadió que lo peor en el tema del aborto es “que se lleve a la ilegalidad y clandestinidad”, pues ello provoca que las mujeres corran más riesgos, desde ir a la cárcel por practicarse uno o morir al realizarlo en un lugar sin condiciones de salubridad e higiene.
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