CIUDAD DE MÉXICO.- Las reacciones que ha provocado el aumento a la gasolina genera preocupación en el Instituto Nacional Electoral (INE), acepta su presidente, Lorenzo Córdova, quien ve que ese ambiente podría llevarse hasta las elecciones presidenciales de 2018.
En entrevista con El Universal afirma que en el INE “no somos sordos ni insensibles” en un contexto como el que hoy se tiene, de precariedad y de restricción económica.
“Nos preocupa el contexto, porque el contexto social que se vive en el país puede ser el contexto con el que comience a desarrollarse el proceso de 2018, y nosotros necesitamos reivindicar la vía electoral como la privilegiada en una democracia para que las inconformidades sociales se procesen por la vía pacífica”, señala.
Detalla que por las condiciones económicas del país, el instituto optó por cancelar el proyecto de ampliar su sede con costo de mil 100 millones de pesos, el cual El Universal reveló el 12 de octubre de 2015.
Por ello, regresarán mil 70 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, —lo que llama “un guiño” para tratar de generar “una empatía con el descontento, respecto a una clase política vista como ajena e insensible de la gente”— aunque el presidente tiene la esperanza de que pueda retomarse cuando sea propicio.
Córdova Vianello dice que debe haber una discusión pública y definir a dónde deben ir esos recursos, para atender necesidades más urgentes desde el punto de vista social.
Otro debate pendiente, afirma, es el relativo a los sueldos que percibe la alta burocracia en México.
En cuanto al proyecto ejecutivo para ampliar la sede del instituto, ya contratado, por el que se gastaron alrededor de 50 millones de pesos, dice, que estará disponible para cuando haya condiciones propicias para reanudar la obra. No oculta su deseo de que pueda ser antes de que concluya su gestión, pues esa sería una señal de que las cosas en México mejoraron.
Rechaza que la planeación de construir dos torres con costo de mil 100 millones de pesos haya sido un error y reitera el planteamiento inicial: ahorrar en rentas y traslados, concentrando todo en un sólo inmueble.
A la par de las otras tres medidas adoptadas este miércoles, adelanta algunas que podrían tomarse en febrero y que analizarán, como la bolsa de 11 mil 970 pesos mensuales para comidas que tienen los consejeros, racionalizar el uso de automóviles para ahorrar gasolina y ajustarse a la partida autorizada.
En cuanto al número de asesores, sostiene que han sido los mismos desde hace años y no se pretende aumentarlos; el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral insiste en que analizarán qué otros proyectos del instituto pueden eventualmente posponerse, qué partidas presupuestales pueden ser sometidas a una restricción adicional y más medidas para generar austeridad en el instituto.
Sobre el clima de crispación, Lorenzo Córdova Vianello hace un llamado a todos los actores políticos para que las elecciones lleguen a buen puerto en 2017 y 2018.
El llamado se extiende a otros poderes, dependencias e instituciones, para que emulen lo que hizo el INE, al cancelar la ampliación de su sede.
Preocupación
¿A qué se debe esta decisión de cancelar la ampliación de la sede?
—Es una reflexión colectiva que hicimos los consejeros electorales sobre el entorno político, social y económico del arranque de este año, que en gran medida ha estado determinado por el anuncio del así llamado gasolinazo, y de las distintas reacciones y sensaciones que se han ido generando en el propio ámbito de la sociedad.
Nos preocupa porque nosotros desde hace seis meses hemos estado comenzando los trabajos operativos de preparación para el proceso electoral de 2018.
Aunque hay cuatro elecciones este año, todas de importancia, en 2018 será la primera vez en la que se instrumentará la reforma de 2014 en elección presidencial.
La expedición del reglamento nacional de elecciones, aunque va a tener vigencia y operación en las elecciones de 2017, está pensado, digámoslo así, como las reglas del juego, por las que los Organismos Públicos Locales (OPL’s), el INE y los partidos políticos estarán operando plenamente en las elecciones de 2018.
Por eso nos preocupa el contexto, porque el contexto social que hoy se vive en el país puede ser el contexto social con el que comience a desarrollarse el proceso de 2018; lo que nosotros necesitamos es reivindicar la vía electoral como la privilegiada en una democracia para que las inconformidades políticas, sociales, se procesen por la vía pacífica.
Con un punto adicional, creo que pocas instituciones del Estado dependen tanto de su capacidad de operación y de su legitimidad, de la confianza pública, como lo hace el INE.
Lo que hoy estamos presenciando es una pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones.
No es un fenómeno nuevo, pero se ha ido agravando por la compleja situación económica, acentuada por algunas decisiones que sin lugar a dudas van a tener impacto en la vida cotidiana de todos los ciudadanos, como el llamado gasolinazo y todas las implicaciones que puede llegar a tener.
Además, la incertidumbre de la toma de posesión en unos días de Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, y el impacto que tiene con la decisión de Ford, por ejemplo, de dejar de invertir en una planta en México.
Es un contexto muy complicado, en el que la crispación y el enojo de la sociedad por muchos fenómenos se traduce también en un enojo que se cataliza en contra de la clase política, de los actores políticos, pero sobre todo de las instituciones públicas, sin distingos.
Esto fue lo que nos llevó a nosotros a enfrentar en el ámbito de nuestra competencia algunas medidas, para tratar de ser sensibles y solidarizarnos en la medida de lo posible con el estado de ánimo. Y también traducir a la sociedad que todos estamos tratando de hacer un esfuerzo.
Más todavía porque en fechas recientes hubo una serie de temas, algunos de ellos construidos sin alguna base sólida, como por ejemplo la presunta autorización de compra de un equipo celular costosísimo, que no es cierto, pero creímos que ameritaba una aclaración pública, sino también la toma de ciertas decisiones que si bien sin duda no van a resolver el problema que se enfrenta en el país, por lo menos sí demuestra la sensibilidad de una institución que lo que quiere y lo que pretende es construir cotidianamente una base de confianza con los ciudadanos.
¿Estas manifestaciones podrían poner en riesgo algún proceso electoral de 2017 y 2018?
—Ya tuvimos una experiencia, en 2015 hubo una serie de expresiones sociales que en muchos casos abanderaron demandas legítimas.
Por primera vez en la historia política del país consideraron tomar el discurso del boicot de las elecciones como manera de conseguir sus demandas, que en principio son legítimas, pero cuando asumen la lógica de impedir las elecciones nos colocó en una necesaria situación de tener interlocución y explicar. Temas como la reforma educativa, en los que el INE no tenía competencia, nos complicó mucho. Tuvimos el riesgo de cancelar las elecciones en Oaxaca.
Con eso en la memoria, nosotros asumimos que teníamos que tomar una serie de decisiones, porque en menos de un mes nuestros trabajadores electorales comenzarán la labor de campo en el Estado de México, y en Coahuila; creo que evidentemente debemos contribuir a construir el mejor escenario para que las elecciones se lleven a cabo puntualmente en las cuatro elecciones de este año, pero sobre todo en la macro elección que tendrá lugar el 1 de julio de 2018, con la renovación de la Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados, y elecciones en 30 entidades.
Retomando la pregunta, ¿ve riesgos en esas dos citas electorales por lo que pasa ahora?
—La autoridad electoral siempre trabaja, no digo con riesgos, pero sí preparándose para los peores escenarios. Pero eso implica muchas veces que tengamos que anticipar y crear las condiciones para que los eventuales riesgos no se concreten.
Trabajar para ello también significa ser sensible para tratar de construirnos nosotros mismos, en la medida de lo que nos toca, las condiciones para que esas elecciones se lleven a cabo. Es una construcción colectiva, de lo que se trata es que todos asumamos esta lógica y hagamos nuestro trabajo.
¿Haría algún llamado el INE al gobierno federal para aminorar estas protestas?
— Yo haría un llamado a todos los actores que son corresponsables de que las elecciones lleguen a buen puerto, en distinta medida y en sus ámbitos de responsabilidades, pero claro que hacemos un llamado a la responsabilidad a todos, incluidos los medios.
“No fue un error”
¿Fue un error buscar ampliar la sede del INE?
—Definitivamente no. El INE fue creciendo con el tiempo y necesitando nuevos espacios. Eso implica que las oficinas centrales estén aquí, pero hay otras rentadas. Si sumas rentas, gastos adicionales, como transportes, combustibles, seguridad, nosotros estimamos un ahorro, si se concentra todo en una sola sede, del orden de los 120 millones de pesos anuales.
Por eso se volvía razonable y racional contar con una inversión que nos permitiera concentrar a todas esas oficinas en una sola sede.
Con las debidas proporciones, es lo mismo que nos pasa en una economía familiar. ¿Qué es mejor, rentar o hacer un esfuerzo y comprar un patrimonio que incrementa, digámoslo así, los bienes de la propia familia? Perdón la proporción, pero eso es para decir que era una decisión pertinente y racional, para volver, en un futuro razonable, más barata la operación de esta institución. Esos fueron los argumentos y la Cámara de Diputados nos aprobó desde 2014, 2015 y 2016 los recursos para esto.
Estamos y seguimos convencidos de la pertinencia en el mediano plazo de una inversión de esta naturaleza, pero no somos sordos ni insensibles en un contexto como el que hoy se tiene, de precariedad y de restricción económica.
Si bien esos recursos ya se entregaron al INE, creemos que lo más pertinente era suspender la realización de la construcción de la obra, terminar el proyecto ejecutivo, donde estarán las especificaciones para proceder en un futuro en la construcción, pero eso será una decisión no del INE, sino de Hacienda, nosotros lo que estamos haciendo es suspender la obra, hasta que las condiciones económicas del país sean favorables en una obra racional y pertinente.
Ponemos a disposición de las autoridades federales los recursos para que sean utilizados en obras o gasto social directamente involucrado en tratar de paliar las complejas condiciones económicas que vive el país.
No es una marcha atrás, pensando que nos equivocamos; es una muestra de sensibilidad y solidaridad con el país.
Queremos tener un guiño y tratar de generar una empatía con el descontento, respecto a una clase política vista como ajena e insensible.
¿A usted a dónde le gustaría que se destine ese dinero?
—A gasto que contribuya a impactar, en la medida de lo posible, en no sólo paliar el contexto actual, sino que redunde en un beneficio colectivo lo más amplio y palpable posible.
¿Cuándo se bajarán los sueldos?
—Ya se giró la instrucción para que se aplique la reducción a la brevedad posible en estos días. La planta laboral no tendrá ninguna afectación. Es una medida en que la alta burocracia del INE hace un gesto, que sea emulado por otros funcionarios públicos, por otras dependencias, del Poder Legislativo, del Judicial, para poder compensar de alguna manera esta sensación justificada de distanciamiento con los ciudadanos.
Creo que hay una discusión pendiente y muy amplia de los montos salariales de la alta burocracia del Estado mexicano.
¿Son ofensivos?
—Creo que no es un problema de una institución, sino es generalizado que debe propiciar una desapasionada discusión pública y producirse eventualmente consensos.
Consejeros meten tijera a gastos
– Impacto
Magna obra. Ante la crisis cancelaron la construcción de dos torres con valor de mil 70 mdp. Será Hacienda la que en su caso asigne ese recurso a “áreas prioritarias de gasto del Estado”.
Ajuste. Consejeros y miembros de la Junta General Ejecutiva ampliada —directores generales y titulares de Unidades Técnicas— se reducirán 10% su salario.
Telefonía. Ese mismo personal de mando renunció a la prestación de telefonía celular. Ahora ellos lo pagarán de su salario.
Adiós al automóvil. Prometieron una “profunda revisión” de la política de uso de vehículos oficiales y medidas para no aumentar el gasto en gasolinas.
Con información del INE
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