CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales investigan un presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos de los recursos que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) tenía destinados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
Documentos a los que tuvo acceso un importante medio capitalino detallan que el desvío investigado por la Policía Federal y cuyas conclusiones fueron entregadas al Órgano Interno de Control (OIC) del GACM, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR), involucra a Raúl González Apaolaza, ex director General de Obra del NAIM, y a Carlos Noriega, ex director General de Administración de GACM, y señalan la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño como director General del GACM.
De acuerdo con un informe rendido por la Policía Federal, que derivó de la investigación iniciada por el OIC en enero de 2018 por el ex director del GACM, Federico Patiño, la institución realizó diversas diligencias para indagar sobre la posible comisión de delitos de alto impacto en la construcción del NAIM mediante la compra de materiales para construcción, como tezontle y basalto, sin contratos previos a empresas y sindicatos vinculados principalmente con González Apaolaza que no cumplieron con las normas de calidad requeridas para la obra.
El informe, con fecha 6 de noviembre de 2018, fue entregado a GACM mediante el oficio número PF/DINV/CIC/DGIDAI/5097/2018 el 12 de noviembre pasado, fecha en la que ya se encontraba en funciones el actual director, Gerardo Ferrando Bravo, a quien se buscó para cuestionarle sobre la existencia de la investigación. Al cierre de la presente edición no se obtuvo respuesta.
Patiño dijo que él no ordenó la investigación, pero que sí recibió un documento no firmado, mismo que decidió enviar al OIC de grupo aeroportuario.
“Fue todo lo que yo hice y es todo lo que puedo decirle porque yo no ordené absolutamente nada, mi particular lo envió al Órgano Interno de Control por instrucciones mías [para] que se hiciera la investigación y el análisis que correspondía”, dijo.
La autenticidad del documento fue verificada con la encargada de la investigación, cuyo nombre se resguarda por razones de seguridad, en la propia Policía Federal. Además, la oficial a cargo de la indagatoria envió copia del informe al entonces Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, quien confirmó que lo recibió y ordenó dar vista a la PGR.
El informe detalla que sindicatos y empresas supuestamente controladas por González Apaolaza resultaron beneficiadas por un monto superior a 17 mil 500 millones mediante el monopolio de viajes de carga, y la compra de material al grado tal que, según testimonios de trabajadores en la obra, su ingreso al terreno sólo ocurría con previa autorización del sindicato y mediante el pago de un porcentaje.
“Sobre los precios pagados a las minas, versus en el mercado mayoreo y menudeo, por el volumen estimado en 8 millones de metros cúbicos que ingresaron, [las compras] no se dieron en las mejores condiciones disponibles, en cuanto precio, calidad y financiamiento”.
“Se establece, de la investigación de la Dirección Corporativa Lado Tierra de GACM, la presunción de que deliberadamente no se contrató la operación del tren de Ferromex que está en la parte trasera del polígono y el equipo transportador de material instalado, a sabiendas del volumen del material que ingresaría a la obra y de los centros de acopio que hay cerca de las minas, como lo informó personal del sindicato, ya que este medio de transporte hubiese reducido considerablemente el costo del transporte de los materiales, así como los tiempos de entrega.
“Prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle por transportarlo”, pues el precio pasó de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos, mientras que el basalto llegó a los 300 pesos, ambas cantidades multiplicadas por los 8 mil metros cúbicos de la superficie”.
De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la compra de material de construcción se calculó para una superficie total de 35 mil 448 millones de metros cúbicos, lo que implica un pago de más de 17 mil 724 millones de pesos de tezontle a 200 pesos el metro cúbico, y basalto, a 300 pesos el metro cúbico.
Además, en 2017 la Auditoría Superior de la Federación documentó que en nivelación, limpieza del terreno y construcción de caminos provisionales de acceso se autorizaron pagos por 3 mil 603 millones 200 mil pesos entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, sólo por el suministro y la colocación de 392 mil 570.42 metros cúbicos de tezontle.
De acuerdo con la PF, de estas acciones se denota “una acción concertada entre funcionarios y sindicatos que se podría tipificar como delincuencia organizada con el fin de crear un monopolio de transportes de los materiales a los precios que ellos establecieron y sólo mediante el uso de sus camiones”.
De las irregularidades observadas por la Policía Federal, la investigación incluyó una revisión en las declaraciones patrimoniales de ex funcionarios de GACM en las que detectaron omisiones y adquisiciones que no coinciden con la realidad. Se señala que Apaolaza incurrió en conflicto de interés al no declarar que es miembro del Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITRAM), cuyo líder es Máximo Telmo Reyes Vilchis, al igual que Humberto Pérez Piedra, coordinador de GACM, quien sostuvo diferentes reuniones con Hugo Bello Valenzo, líder del Sindicato Libertad.
Dichas organizaciones, según el documento, son las que controlaban la venta de material de construcción y su transporte al interior del terreno en el que se construiría el NAIM.
González Apaolaza indicó que tiene conocimiento de la existencia de un documento de la Policía Federal supuestamente apócrifo, porque el folio no corresponde a la investigación: “Lamentablemente esto fue por el 30 de noviembre, hubo el cambio de funcionarios el día primero y se quedó al aire todo”, comentó.
“Yo platiqué con [Gerardo] Ferrando Bravo y él me dijo que lo enviaría al Órgano Interno de Control la primera semana de noviembre. Expliqué con documentos cómo se maneja lo del transporte, el responsable del sindicato por parte de grupo aeroportuario, quién es el titular del sindicato y que yo no tengo el manejo de [éste]”. Explicó que el responsable del manejo sindical es la Dirección Corporativa Jurídica y no él, negó pertenecer al SITRAM.
“Yo creo que hay una confusión porque en años anteriores pertenecí a otro sindicato, pero me di de baja cuando me dieron mi nombramiento en Grupo Aeroportuario, pero no tiene ninguna relación con el SITRAM; son totalmente ajenos”, afirmó. Sobre la relación con Reyes Vilchis, dijo que lo conoce porque hace 50 años jugaron futbol americano en el Instituto Politécnico Nacional.
Debido a que Carlos Noriega Romero fue director General de Administración del GACM, relevado por haber rentado oficinas en Altavista y Periférico Sur por medio millón de pesos al mes, la Policía Federal revisó sus declaraciones patrimoniales en las que detectó que adquirió a crédito una propiedad de 4 millones 920 mil pesos. Dicha compra, según el documento, fue realizada cuando Noriega Romero era subdirector General de Planeación del Infonavit, por lo que concluye que sus finanzas y las de González Apaolaza deben ser auditadas.
Derivado de la investigación, el nombre del ex director de GACM, Manuel Ángel Núñez Soto, surgió sin que se le vinculara directamente con las irregularidades atribuidas principalmente a González Apaolaza y los sindicatos. A Núñez Soto no le correspondió conocer de la construcción del NAIM, pero la PF detectó que no declaró ser propietario de Desarrolladora Corteq, S. A. de C. V. y Almahandm Desarrolladora de Vivienda, empresas que aparecen como parte del Corporativo Grupo Lomax, del empresario Alberto Manuel Díaz de la Riva, consorcio que, según la investigación de la Policía Federal, no existe. Consultado por este diario, Núñez Soto negó conocer la empresa Corteq o participar en ella, pero admitió su participación en Almahandm, a través de la cual, dijo, se han construido casas de interés social en complejos del estado de Hidalgo.
La Policía Federal señaló que Núñez Soto adquirió en 2005 un inmueble ubicado en la colonia San Ángel Inn, en la Ciudad de México, por el que pagó de contado 9 mil 750 millones de pesos con una superficie de mil 100 metros cuadrados, “que no coincide con la realidad ni con su precio en esa zona”. Por esta razón, la Policía Federal concluyó que los bienes de Núñez Soto deben ser auditados.
Núñez Soto precisó que el predio al que se refiere la Policía Federal se trata de su domicilio particular, mismo que tuvo un costo de 9 millones 750 mil pesos, y no 9 mil millones. “No sé de dónde salió ese dato”, precisó.
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