SALTILLO, Coahuila.- La Región Carbonífera enfrenta un negro panorama: a partir del 1 de octubre vencen los contratos de venta de carbón a la CFE y, si no renuevan, se perderán más de 8 mil empleos directos e indirectos, así como una derrama económica cercana a los 54 millones de pesos semanales.
Ante este panorama, los diputados José María Fraustro Siller, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, y Antonio Nerio Maltos, ofrecieron que buscarán reunirse con autoridades estatales y federales para atender la situación y evitar la pérdida de empleos, pues la minería es la principal actividad productiva y económica de la zona.
Los legisladores señalaron que lo importante es conservar las fuentes de empleo y proteger a las miles de familia que dependen de estos ingresos para la subsistencia.
Nerio Maltos informó que mediarán ante el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad a fin de buscar una solución para los micros y pequeños mineros que no están en posibilidad de ponderar la calidad del carbón, como lo pide la CFE.
“Solicitaremos las adecuaciones correspondientes en los métodos de licitación para que puedan participar los micros y pequeños productores. Desde hace mucho tiempo el programa de fortalecimiento a la Región Carbonífera ha consistido en impulsar la microminería y de eso se trata”.
“Es muy difícil la situación en este ramo industrial derivada del mecanismo de licitación para la compra de carbón por parte de la CFE, por lo que peligra el empleo de miles de carboneros y trabajadores relacionados con esta industria”.
El escenario se ve complicado ante los nuevos esquemas de adquisición que definitivamente frenan el desarrollo minero y la economía de la región, aseguró.
Desempleo y pérdida de ingresos
Hugo García Ballesteros, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, informó que los contratos de compra-venta vencen el día último de este mes y, de no renovar, 52 micros y pequeñas empresas quedarán fuera y a partir de octubre se perderán más de 8 mil empleos directos e indirectos.
Además, la Región Carbonífera perderá una derrama económica que ronda los 54 millones de pesos semanales, con afectación a todos los sectores de la economía.
“Los contratos acaban el día 30 de este mes y la preocupación es que no tenemos pedidos para continuar surtiendo el carbón a la Comisión”, lo que realizan a través de la Promotora para el Desarrollo Minero.
Las 52 micros y pequeñas empresas mineras venden 3.3 millones de toneladas de carbón anuales a la paraestatal y, al no cumplir con los requisitos, ya no estarán en posibilidades de ser proveedores.
Plantean prolongar los contratos al menos hasta diciembre y buscar opciones de compra, con requisitos más accesibles en cuanto a calidad del carbón, regulación de concesiones, normas de ecología y hacendarias.
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