MÉXICO.- Después de 20 horas de sesión, la mañana de este jueves, la Cámara de Diputados concluyó la aprobación de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, sin que la oposición consiguiera modificar los artículos que consideró lesivos a la libertad y al derecho a la privacidad de los ciudadanos.
El proyecto de decreto, enviado al Senado para su aval, salió adelante en San Lázaro con 324 legisladores de Morena, PVEM y PT; 117 del PAN, PRI y MC se manifestaron en contra.
La bancada naranja había respaldado la iniciativa en lo general. Pero más tarde, al igual que los diputados priistas y panistas, la votó en contra, ante la imposibilidad de eliminar los preceptos más polémicos, porque ninguna de las reservas presentadas prosperó.
Y es que los representantes de la oposición alertaron de la falta de controles constitucionales para que el acceso a datos biométricos, personales, bancarios y de carácter privado se realice por causas justificadas y siempre con el previo control de un juez.
Los artículos polémicos
Las primeras 10 horas de la sesión, iniciada a las 10 de la mañana del miércoles, se concretó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad que establece las nuevas bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno e instancias vinculadas con la prevención y castigo de la criminalidad y fenómenos delictivos.
Hacia la noche tocó el turno a la ley de Investigación e Inteligencia; fue un debate que también se prolongó durante 10 horas.
Acción Nacional planteó infructuosamente que el acceso a los datos se hiciera con causa justificada plena y con una orden judicial. “Que, si el Estado quiere consultar tus datos personales, tus cuentas bancarias o las de tu familia, que al menos haya un motivo serio, que haya una justificación. No puede hacerlo si no existe una razón legítima para ello”, planteó la diputada Eva María Vásquez
El coordinador de los panistas, José Elías Lixa, cuestionó el Artículo 26 de la ley porque deja carta abierta al gobierno para que acceda a los datos personales de un ciudadano sin que sea obligatorio el control judicial.
“Después de decir todo lo que puede hacer el gobierno, dice: y en su caso, previo control judicial. ¿Cuáles son esos casos? La ley no describe absolutamente ni un caso”, interrogó el panista.
“Quitemos la cláusula que permite hacer lo que quiera, simplemente que tenga control judicial, que es razonable”, planteó en su reserva.
Dudas sobre el 32 y el 17
La diputada Laura Ballesteros (MC) propuso un ajuste al Artículo 32 relacionado con la protección de los datos personales, señalando que, ante la pretensión gubernamental de vigilar a los ciudadanos, quedaba la pregunta sin respuesta de quién vigilaría a las autoridades. “No puede haber democracia sin privacidad ni libertad sin protección de los datos; no vamos a permitir que el autoritarismo se disfrace de algoritmo”.
El priista Jericó Abramo sostuvo que acceder a tal cantidad de información en manos de instituciones del Estado mexicano y de particulares sin solicitar una orden judicial es totalmente inconstitucional.
El diputado del PRI también ventiló sus dudas en torno al artículo 17 para conocer si los grupos especiales de investigación e inteligencia se identificarían o actuarían encubiertos o infiltrados.
Otra preocupación que no pudo despejarse es la referente a que en las tareas y productos del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación se incluyen “estudios de naturaleza social, económica, comercial, política y otros que resulten útiles para identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública”.
El diputado Abramo preguntó si será un área creada para “perseguir a enemigos del régimen”, a la oposición o “para ir sobre líderes sociales que puedan estar a favor o en contra de quienes ejercen el poder en ese momento”.
Inteligencia no es persecución
Ante las críticas de la oposición, Morena, PT y PVEM argumentaron que el modelo de la inteligencia ligada a represión y a persecución política correspondía al pasado.
La diputada Guadalupe Ortega (Morena) sostuvo que “quien aún asocia el trabajo de inteligencia con persecución, hostigamiento y violaciones sistemáticas a los derechos humanos se encuentra anclado en la mentalidad autoritaria de los años 70”.
En alusión a los planteamientos de que se trata de una ley centralista y que quita atribuciones a los gobiernos locales, el diputado del PT Adrián González planteó:
“El Sistema Nacional de Información es alimentado diariamente por el Poder Ejecutivo, gobierno del Estado y gobiernos municipales, diariamente y solo el ente que suba la información la pueden modificar o quitar. ¿De qué se quejan, ignorantes? Ahí está el respeto al federalismo transparente del manejo de las cifras y control judicial, no tienen argumento alguno para oponerse a esto más que su mala entraña”
El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, dijo que los representantes de la oposición “no logran entender que estamos desmantelando el narcoestado que instaló Calderón y Peña Nieto, pero ustedes lo defienden”.
La diputada Leydé Aviles (Morena) confió en que “México se colocará a la vanguardia en seguridad”.
El diputado Sergio Mayer (Morena) llamó a la oposición y a sus compañeros a no perderse en asuntos superficiales. “La delincuencia no legisla, no pide permiso para fortalecer sus capacidades y organizarse, y ser más contundente en traficar, secuestrar, extorsionar. ¿Qué estamos esperando?”, argumentó.
Las novedades
Al exponer las novedades del dictamen, mismas que fueron agregadas en la madrugada del miércoles, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Jessica Saidén (Morena), recordó que finalmente no se había revivido al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil “ni cualquier otra herramienta de control masivo de la ciudadanía”.
Enumeró que la única información contenida será el número telefónico móvil y el nombre del responsable de la línea y, “en ningún caso, se va a acceder a esta información que contenga datos sensibles sin supervisión institucional”.
Expuso la legisladora que el nuevo sistema permitirá que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana genere inteligencia estratégica, táctica, operativa, en bases a datos reales actualizados y verificados.
“También se va a poder requerir información a otras instituciones como fiscalías, servicios periciales, instancias de inteligencia financiera, así como a entes privados mediante convenios, pero sin que estos tengan acceso directo al sistema”, planteó.
“En tiempos de inteligencia artificial, cibercrimen y redes criminales trasnacionales, es urgente compañeras y compañeros tener un Sistema Nacional de Inteligencia a la altura de las amenazas que estamos enfrentando actualmente”, expuso la diputada Saiden.
Insistió la morenista en que se trataba de un sistema “fundado en principios democráticos y con garantías claras de no agresión en materia de derechos humanos”.
Biométricos para EEUU
Hubo por parte del PAN el señalamiento reiterado de que la concentración de datos en esta ley y las medidas para acceder a éstos respondía a la presión del gobierno de Estados Unidos.
“Hoy muestran el mayor acto de sumisión, el mayor acto de permisividad y de intervencionismo y sometimiento frente a gobiernos extranjeros. En el barco que se hunde, de Morena, brincan para salvar sus pellejos y su visa, a costa de la privacidad de los mexicanos”, ironizó la diputada Paulina Rubio (PAN).
“¿Por qué les quieren dar los datos de los mexicanos, los datos biométricos al gobierno de Estados Unidos?”, preguntó César Retes (PAN).
La diputada Margarita Zavala sostuvo que el problema de la ley es que “legalizan totalmente el espionaje y le entregan no solo las bases de uno, sino los bases de todos, de particulares y públicos, organizaciones nacionales e internacionales, tanto gobiernos locales como extranjeros y de esa sí no nos salva nadie, porque no hay un solo control, porque no hay controles ni judiciales, ni siquiera se atreven a poner controles judiciales de ese poder que ustedes ya han cooptado”.
La crítica del PRI
“Estamos en contra de lo que estamos votando porque el conjunto de todo lo que se diseñó es un bloque contrario a los derechos humanos, es un bloque, entrecomillado, legal de represión”, definió el coordinador de la diputación priista, Rubén Moreira.
“México merece un sistema de inteligencia que proteja, no que silencie, que rinda cuentas, no que se oculte, y que esté al servicio del pueblo, no del poder”, contrastó la diputada Ivonne Ruiz.
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