La Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, concluyó que hubo fallas en la planeación del operativo de desalojo ocurrido el 19 de junio en ese poblado, y aunque éste fue exitoso por el desalojo sin incidentes de la autopista 135-D, no existe claridad respecto a por qué derivó en los hechos violentos que causaron la muerte de 8 personas.

Hasta el momento no hay certeza ni siquiera sobre qué autoridad solicitó la intervención de las fuerzas policiales para liberar las vías de comunicación, ni evidencia documental de que ese bloqueo haya sido denunciado formalmente ante las autoridades.

Aunque el operativo se realizó con la Coordinación interinstitucional a cargo, este no está formalizado, y la secretaría de Gobernación “debe establecer lineamientos claros y transparentes para la suscripción de acuerdos en esta materia en los que se especifiquen la solicitud expresa de intervención ante hechos similares, la responsabilidad y actividades” de todos los participantes.

En sus conclusiones, los legisladores expusieron que se recibieron testimonios de que hubo agresiones tanto de pobladores como de elementos de la Policía Federal, pero se precisa determinar la hora exacta en que comenzaron los disparos de armas y quienes las accionaron.

“De la reunión de trabajo que sostuvo esta Comisión con elementos de la Policía Federal se desprende que al menos un elemento policial activó su arma de fuego, también que en múltiples informes se señala que la población civil agredió a las fuerzas del orden en un primer momento con piedras, palos, cohetones, bombas molotov pero también con armas de fuego dado que hubo elementos policiales lesionados y aeronaves oficiales dañadas por impactos provocados por este tipo de armas”.

Sin embargo, tampoco hay información, destacó la Comisión, que encabeza la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, de que se haya solicitado al Órgano Interno de Control de la Policía Federal “que abriera expedientes para determinar si la actuación de los elementos policiales estuvo apegada a la ley, a su normatividad interna y a los protocolos de actuación con estricto respeto de los derechos humanos”.

Por todo ello, entre las recomendaciones de la Comisión hizo una a la Procuraduría General de la República (PGR) para “acelerar la confrontación y comparación de los elementos balísticos problema, a fin de identificar lo antes posible las coincidencias, en caso de haberlas, con las armas oficiales que se encuentran bajo su custodia”.

Otras recomendaciones fueron que en un futuro se videograbe todo operativo de las fuerzas policiales federales, y ofrecieron promover –en el próximo periodo ordinario de sesiones- reformas legales para establecer medios alternativos de disuasión no letales como el uso de agua para dispersar multitudes y que se considere una fe pública notarial “no sólo antes de los operativos sino durante el desarrollo de los mismos”.