CIUDAD DE MÉXICO.- El megaescándalo de corrupción revelado en diciembre pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que involucra el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en 12 países, la mayoría de América Latina, ha desatado una serie de investigaciones y detenciones de ex funcionarios públicos y empresarios. En México, por el contrario, no ha habido grandes avances.
Este domingo, Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, dijo que la dependencia a su cago tiene identificados 30 casos prioritarios de “urgente atención”, entre ellos, el presunto pago de sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios del gobierno mexicano para obtener contratos.
En diciembre pasado, tras la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) dijeron que investigarían el caso.
Fuentes de la petrolera mexicana revelaron a EL UNIVERSAL que la semana pasada fue interpuesta una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable.
Odebrecht admitió haber pagado sobornos de 10.5 millones de dólares a funcionarios en México para ganar contratos de los cuales obtuvo beneficios por 39 millones de dólares.
“En octubre de 2013, Odebrecht acordó pagar sobornos a altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado, a cambio de su asistencia para ganar contratos. Entre diciembre de 2013 y finales de 2014 se pagaron 6 millones de dólares”, reconocieron ex funcionarios de la constructora brasileña ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Aunque los documentos no mencionan nombres de empresas y/o funcionarios, todo apunta a Pemex, empresa con la cual Odebrecht celebró al menos tres grandes contratos durante el lapso señalado, cuando era encabezada por Emilio Lozoya Austin.
El actual director general de Pemex, José Antonio González Anaya, dijo en una entrevista de radio a finales de diciembre, que investigaría el asunto y se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias.
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados exigió que tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiguen los contratos públicos que tiene Odebrecht en México.
La diputada federal por Morena, Rocío Nahle, dijo en entrevista que la comisión investigadora que solicitó un juicio político en contra de Emilio Lozoya Austin pedirá que se agoten todas las investigaciones respecto de la relación Odebrecht-Pemex y el presunto pago de sobornos.
Mientras en México las investigaciones avanzan a cuenta gotas, en Colombia ya fue detenido y vinculado a proceso el ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por presuntamente recibir un soborno de 6.5 millones de dólares. De igual forma, al ex senador Otto Bula se le acusó de haber intervenido en la adjudicación de un contrato a favor de la constructora brasileña.
En Panamá, la fiscalía acusó a 17 personas de tener vínculos con los sobornos pagados por Odebrecht, entre los cuales están tres ex funcionarios públicos, ocho empresarios panameños, cinco extranjeros y un oficial de la banca privada.
En Argentina, un fiscal federal imputó al director de la Agencia de Inteligencia, Gustavo Arribas, amigo del presidente Mauricio Macri, por presuntamente recibir transferencias de dinero del brasileño Leonardo Meirelles, implicado en los sobornos de Odebrecht. Asimismo, el presidente de la empresa Iecsa, Ángelo Calcaterra, fue denunciado ante la justicia por este caso.
En Venezuela, el Ministerio Público de ese país solicitó una orden de aprehensión contra uno de los presuntos involucrados en los sobornos de Odebrecht, aunque no dio a conocer su nombre.
En Perú, el ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Miguel Navarro Portugal, aceptó haber participado en los sobornos que pagó la compañía brasileña para conseguir que funcionarios del Estado le adjudicaran contratos de obras públicas, en tanto, la procuraduría anticorrupción giró solicitudes para interrogar a 75 personas, entre ellas, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y sus a predecesores Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
En República Dominicana, la procuraduría interrogó a dos ex funcionarios públicos: Manuel de Jesús Pérez, quien fue ministro de Obras Públicas, y a Roberto Rodríguez, en su calidad de ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, así como al representante comercial de la empresa en el país, Ángel Rondón, quien fue señalado como la persona que recibió los 92 millones de dólares para el pago de sobornos a funcionarios.
En Ecuador, legisladores pretenden iniciar un proceso en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glas, relacionado con los sobornos que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagó al gobierno de ese país la firma brasileña Odebrecht.
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