PERÚ.- El Gobierno de Perú anunció la prohibición de que dos personas viajen en la misma motocicleta como parte de las medidas “concretas” para enfrentar la creciente criminalidad y recuperar la tranquilidad ciudadana, informó este jueves el presidente peruano de transición, José Jerí.
En el marco del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, esta restricción se ha convertido en una de las principales acciones del Ejecutivo para frenar delitos como la extorsión y el sicariato, modalidades en las que bandas criminales han utilizado motocicletas para atacar y escapar de sus escenas.
Jerí sostuvo que “en este momento, y en esta coyuntura, es necesario tomar acciones, aun cuando afecten temporalmente a algún sector, porque son medidas que tenemos que asumir como Estado para recuperar paulatinamente la tranquilidad y disminuir los índices de inseguridad”, en alusión a la situación de violencia que afecta las principales zonas urbanas del país.
La medida será oficializada mediante un decreto supremo que detallará los procedimientos y sanciones, que en una primera etapa serán económicas para los conductores que no cumplan con la prohibición, según fuentes del Ejecutivo. La Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas y el serenazgo municipal, estará encargada de fiscalizar su cumplimiento, intensificando operativos de control de identidad y fiscalización vehicular en zonas críticas de Lima y Callao.
Jerí explicó que la restricción busca atender la inseguridad que enfrentan, por ejemplo, los transportistas extorsionados por bandas criminales cuando observan a dos personas en una motocicleta, que es la principal modalidad empleada por sicarios durante sus ataques.
“No puede volver a pasar que, por ejemplo, que (estos) pasen desapercibidos o no sean intervenidos. Ya no hay excusas y ello va a contribuir, sin lugar a dudas, a reafirmar el principio de autoridad y a recuperar la sensación de tranquilidad”, afirmó el mandatario.
La restricción forma parte de un paquete más amplio de acciones contempladas en el estado de emergencia, establecido mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM desde octubre pasado, que incluye control penitenciario, incursiones policiales y apoyo de las Fuerzas Armadas, así como la coordinación de comités de seguridad ciudadana para hacer frente a la ola delincuencial.
La prohibición de dos personas en una motocicleta se aplica específicamente a vehículos menores motorizados de las categorías L1 y L3, conocidos comúnmente como motos lineales. Bajo esta normativa, solo el conductor puede circular en el vehículo, y no se permitirá el uso de accesorios que impidan la identificación del conductor, salvo el casco reglamentario.
Grupos de motociclistas han rechazado la medida y expresado su malestar ante lo que consideran una afectación a ciudadanos que utilizan este medio de transporte como opción económica y cotidiana. En protestas recientes en Lima, representantes de asociaciones de motociclistas han reclamado que esta restricción estigmatiza a los motociclistas de bien y han pedido un diálogo con las autoridades.
Jerí también indicó que el Gobierno aprobará el reglamento de la Ley 32490, una normativa que contempla medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato que afectan principalmente al transporte público y de mercancías.
“Es una ley ciertamente compleja, porque involucra a varios actores, a varios ministerios y a varios sectores. Cuando tengamos todos los detalles, vamos a dar la información pertinente”, señaló, sin ofrecer fechas precisas para su implementación.
Medios locales han informado que esta ley, que incluye la creación de un grupo policial y fiscal especializado (GIES) y mecanismos de extinción de dominio —que permitirían al Estado expropiar bienes vinculados a la actividad criminal— probablemente sea aprobada este sábado por el Consejo de Ministros y publicada en el boletín oficial el domingo.
El anuncio de Jerí se produce un día después de que gremios de transporte urbano de Lima y Callao paralizaran sus labores para protestar contra las extorsiones y asesinatos que sufren por parte del crimen organizado, que desde septiembre de 2024 hasta diciembre pasado han dejado al menos 73 trabajadores muertos, según cifras oficiales.
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