LIMA.- Las protestas contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que dejan 40 muertos en un mes, persisten este martes con bloqueos de rutas en seis regiones del país mientras el nuevo gabinete acude al Congreso a pedir un voto de confianza para su investidura.
El gobierno decertó durante la tarde de este martes el toque de queda en la región de Puno debido a las violentas protestas contra el ejecutivo. La región fronteriza con Bolivia es el epicentro de las manifestaciones, donde hubo saqueos a locales comerciales y ataques a vehículos policiales que entre la noche del lunes y esta madrugada con saldo de 18 muertos.
La indignación crece en las ciudades de Puno y Juliaca, sur del país, en huelga desde hace una semana y con el comercio cerrado. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías reportó 53 tramos de carreteras con tránsito interrumpido por piquetes en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas.
En la surandina región Ayacucho, miles marcharon por las calles de la ciudad de Huamanga en reclamo de la renuncia de Dina Boluarte, nuevas elecciones y convocatoria a una Asamblea Constituyente, la tríada que representa la principal bandera política de las protestas.
La violenta represión de las fuerzas del orden provocó el lunes 14 muertos al repeler un intento de ocupar el aeropuerto de Juliaca, tres fallecidos durante un saqueo en un centro comercial y una persona que pereció quemada y que las autoridades investigan si se trata de un policía o un civil en esta ciudad ubicada 1.300 km al sur de Lima.
El gobierno alegó que el firme accionar de la policía y militares que custodian la terminal aérea fue en respuesta a “una asonada” preparada por miles de manifestantes.
“Hoy, más de nueve mil personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente dos mil de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas (armas improvisadas) y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema”, dijo a la prensa el jefe de gabinete Alberto Otárola la noche del lunes.
“Situación de guerra”
La Iglesia católica, religión mayoritaria en Perú, calificó como “situación de guerra” el clima de violencia en el sur peruano.
“La verdad es que estamos en manos de la barbarie (…) El enfrentamiento entre hermanos y hermanas es mucho más doloroso, porque somos parte de una sola sociedad, una familia peruana”, dijo el cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, a la radio RPP. “La población quiere paz, quiere justicia, quiere fraternidad, quiere dejar de lado los enfrentamientos y ahí creo que todos tenemos que invocar a la calma, a la serenidad”, acotó el sacerdote jesuita, nombrado cardenal por el papa Francisco.
De su lado, el gobierno regional de Puno decretó este martes tres días de duelo por las muertes registradas en las últimas horas y pidió la renuncia de la presidenta. Bajo este contexto Perú recibirá el miércoles a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que viene a indagar sobre las manifestaciones y la respuesta policial.
Según el gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales está ligado a las protestas, razón por la cual le prohibió ingresar a Perú hasta nuevo aviso. Ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Pedro Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre, luego de un fallido autogolpe. En noviembre, Morales visitó Puno.
Voto de confianza
En medio de las protestas en varias regiones del país, el jefe de gabinete, Alberto Otárola se presenta este martes con sus ministros ante el Congreso para pedir el voto de confianza de investidura, requisito constitucional para seguir en funciones. El jefe de gabinete debe exponer ante el pleno del Congreso, controlado por la derecha, la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.
Otárola es el segundo jefe de gabinete de la presidenta Boluarte y asumió su cargo el 21 de diciembre. Dina Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de intentar cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
El exmandatario, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión. Aunque se considera de izquierda, Boluarte es vista como “traidora” por las comunidades y militantes que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída ahora la respaldan.
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