PERÚ.- El candidato izquierdista Pedro Castillo superaba este lunes por una ligera ventaja a la derechista Keiko Fujimori, impulsado por los votos rurales, en un ajustado balotaje presidencial en Perú donde cada voto cuenta.
Según los conteos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que alcanzaban 94% de las boletas revisadas, Castillo sumaba 50.07% y Fujimori 49.92%. Hasta hace horas, Fujimori lideraba el cómputo.
El conteo comenzó a registrar los votos de las remotas aldeas rurales que apoyan abrumadoramente a Castillo y que no habían llegado a los 104 centros de cómputo electorales ubicados en todo el país.
“Nadie puede decir a estas alturas con seguridad quién va a ganar”, dijo la radio local RPP Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú y exjefe de la ONPE.
Fujimori acumulaba más votos en Lima y los sectores urbanos, Castillo en el resto del país. “No se valoraba esta aplastante mayoría (de Castillo) en las regiones más empobrecidas y golpeadas por la crisis, que no han sido beneficiadas por el crecimiento económico”, dijo Tuesta.
Ninguno de los candidatos se ha pronunciado sobre los resultados. Castillo salió temprano del distrito rural de Tacabamba en los Andes, donde pernoctó, rumbo a la capital.
El domingo, tras finalizar los comicios, la televisora local América reveló un conteo rápido de la firma Ipsos Perú que arrojó un empate técnico entre Castillo con 50.2% y Fujimori con 49.8%. El margen de error era de un punto porcentual.
Antes de retirarse a su domicilio Fujimori pidió a sus seguidores mantener la prudencia debido a que “el margen es tan pequeño”, mientras que Castillo exigió “el escaneo y la revisión de todas las actas para transparentar y garantizar la verdadera voluntad popular del pueblo peruano”.
El ganador de los comicios gobernará por cinco años desde el 28 de julio.
Ambos candidatos prometen vacunar contra el coronavirus hasta fines de diciembre. También se oponen al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. El campo de batalla entre los dos radica en el modelo económico y los efectos devastadores de la pandemia.
Perú mostró buenos datos macroeconómicos en 20 años, pero no reparó en la informalidad laboral mayor al 70% y sus pésimos servicios públicos de salud y educación.
El país lleva casi tres décadas de gobiernos amigos del libre mercado sin intervención estatal en el sector empresarial debido a la constitución escrita en 1993 bajo el gobierno del padre de la candidata Fujimori, el ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condenas por corrupción y por el asesinato de 25 peruanos en su gestión.
Keiko Fujimori busca mantener el mismo sistema, mientras Castillo anhela reescribir la constitución para modificar el sistema económico y lograr más ingresos para educación y salud con la participación del Estado en recursos naturales como la minería, el petróleo y el gas.
El coronavirus provocó 10 millones de pobres que viven con menos de tres dólares por día, decenas de miles de negocios quebraron y hay más de 185 mil muertos, cifra que casi triplica las víctimas del conflicto armado entre el grupo terrorista Sendero Luminoso y los uniformados entre 1980 y 2000.
La hija de Fujimori también promete 2 mil 500 dólares a cada familia con al menos un muerto por Covid-19. Asegura que repartirá 40% de un impuesto por la extracción de minerales, petróleo y gas a familias que viven cerca de esas áreas extractivas.
Castillo ofrece, de forma adicional, renegociar los contratos con las multinacionales que extraen minerales, gas y petróleo en busca de más ingresos estatales. También asegura que cobrará deudas al fisco de poderosos grupos empresariales que suman más de 2.400 millones de dólares.
Fujimori, para quien la fiscalía ha pedido 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero, recibe el apoyo de los ricos así como de políticos de otros países, entre ellos el opositor venezolano Leopoldo López, el expresidente colombiano Andrés Pastrana y el expresidente boliviano Jorge Quiroga.
Por su parte, el profesor izquierdista tiene adhesiones de los expresidentes de Bolivia, Evo Morales, y del exmandatario de Uruguay, José Mujica.
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