El papa Francisco descartó la propuesta de establecer un tribunal para procesar a obispos que hayan encubierto a sacerdotes pederastas y en su lugar introdujo procedimientos legales para apartarlos de su cargo si el Vaticano considera que fueron negligentes en su labor.

Los nuevos procedimientos buscaban dar respuesta a las demandas por mucho tiempo planteadas por las víctimas de abusos de que el Vaticano haga que los obispos respondan por malograr casos de abuso sexual. Las víctimas han acusado desde hace tiempo a los obispos de encubrir a los sacerdotes pederastas y trasladar a los agresores de parroquia en parroquia en lugar de reportarlos a la policía, sin sufrir consecuencias.

Pero la nueva ley fue de inmediato criticada por las víctimas de abuso, que la consideraron un mero artificio dado que de antemano existían procedimientos para investigar y apartar a los obispos por cometer faltas —sólo que raramente fueron aplicados contra obispos que no lograron proteger a sus congregaciones de los pederastas.

“Nos sentimos muy escépticos”, declaró David Clohessy, del principal grupo de víctimas en Estados Unidos conocido como Red de Víctimas de Abusos de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés).

En las nuevas normas, Francisco reconoció que de antemano el Código de Derecho Canónico permitía destituir a un obispo por “razones graves”. Sin embargo, indicó que quería señalar específicamente que la negligencia en el manejo de los casos de abusos sexuales es considerada una de esas razones.

Sin embargo, el estatuto no menciona la propuesta original aprobada el año pasado por Francisco para crear una sección tribunal dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe para juzgar a los obispos acusados de “abuso de cargo”. La junta asesora del pontífice en materia de la lucha contra los abusos sexuales había recomendado que la Congregación procesara a los obispos negligentes porque de antemano tiene la tarea de supervisar los casos de abusos sexuales iniciados contra clérigos.

Francisco y sus nueve cardenales asesores aprobaron la propuesta en junio del año pasado y prometieron proporcionar a la sección tribunal el personal y recursos adecuados. Todavía en marzo, el principal asesor del pontífice sobre casos de abuso sexual, cardenal Sean O’Malley, dijo confiar en que la propuesta sería aprobada y que un nuevo secretario sería asignado para dirigir la congregación.

Pero el tribunal planteó un sinfín de asuntos legales y burocráticos, y se enfrentó con la oposición de los obispos y la burocracia del Vaticano.

Al final, Francisco parece haber dado marcha atrás y en su lugar se limitó a recordarle a las cuatro oficinas del Vaticano que ellas también tienen la responsabilidad de investigar y sancionar casos por negligencia. La nueva ley deja en claro que un acto de negligencia o la omisión en el manejo de una acusación de abuso sexual es causa para apartar a un obispo de su cargo.

“No hay nada novedoso en esto: Las congregaciones podían hacerlo de antemano”, aseguró Kurt Martens, profesor de ley canóniga en la Universidad Católica de América.

Añadió que lo que resulta interesante sobre la nueva ley es que no menciona la propuesta de crear el tribunal, que habría considerado la negligencia como un delito y los obispos habrían sido procesados por ello.

“¿Esto significa que el tribunal no va ser formado debido a que hubo demasiada oposición?”, preguntó.

En la ley, Francisco informa que un obispo puede ser destituido si sus actos u omisiones causan “daño grave” —ya sea físico, moral, espiritual o financiero— a hombres o comunidades. No es necesario que el obispo sea moralmente culpable para ser castigado: basta con que le falte la diligencia necesaria para su cargo.

Cuando los casos impliquen abusos, basta con que la negligencia sea “seria”, afirmó la ley.

Los procedimientos requieren que el Vaticano inicie una investigación cuando existan “evidencias serias” de que un obispo fue negligente. El obispo será informado y podrá defenderse a sí mismo. Al final de la investigación, el Vaticano puede preparar un decreto que destituya al obispo o pedirle que renuncie en 15 días.

Si no lo hace, el Vaticano puede emitir el decreto de renuncia.

Cualquier decisión de apartar a un obispo debe ser aprobada primero por el papa, que contará con un grupo de asesores legales, señala la ley.