CDMX.-Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 acordaron hoy con la canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, que el mecanismo de seguimiento al caso sea coordinado por el presidente de la CIDH, James Cavallaro, e incluya visitas periódicas al país.

El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, consideró “muy importante” el encuentro celebrado con la ministra para definir las características del mecanismo especial de seguimiento al caso Ayotzinapa anunciado el 15 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH dijo entonces que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no podía seguir investigando la desaparición de los 43 por la negativa del Gobierno a renovar su mandato, pero anunció la creación de dicho mecanismo para que llegue a la verdad.

Señaló que negociaría con el Gobierno y las familias de los desaparecidos “los términos específicos” con los que operaría el nuevo mecanismo.

Rosales destacó hoy que las dos partes coincidieron en que es “necesario el mecanismo especial de seguimiento” y acordaron que “va a estar coordinado” por Cavallaro, también relator de la CIDH para México, y que podrá realizar “visitas periódicas” al país.

El mecanismo dará seguimiento a las recomendaciones emitidas por el GIEI en sus dos informes y a las medidas cautelares dictadas por la CIDH para los familiares de las víctimas, detalló en conferencia de prensa.

El portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, confió en que la Cancillería lleve los acuerdos alcanzados hoy a la sesión de la CIDH que se celebrará el próximo sábado en Washington sobre el tema y a la que también asistirá el director del Centro Prodh, Mario Patrón.

Con estas “coincidencias” se puede concretar “ese mecanismo de seguimiento” para que ayude a los padres de familia a “llegar la verdad y saber el paradero de los 43 jóvenes”, indicó.

Se trata de que sea un “mecanismo dinámico, con visitas e informes periódicos” con dos objetivos: lograr “verdad y justicia” en este caso y fortalecer las instituciones mexicanas, insistió Patrón en la conferencia.

El Gobierno “está en deuda con los padres” porque “construyó una teoría del caso que no tiene asidero científico”, dijo Patrón al aludir la llamada “verdad histórica”, según la cual los 43 fueron asesinados e incinerados en un basurero, y que después modificó para decir que “solo algunos”.

Los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos.

La canciller admitió que hay un compromiso mutuo de que “a los estudiantes hay que seguirlos buscando”, añadió el director de esta ONG que lleva la representación legal de los padres en el caso.

Además de Ruiz Massieu, a la reunión asistieron el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, y Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Después del encuentro, los padres de las víctimas se manifestaron frente a la Fiscalía para exigir la separación de Tomás Zerón de la dirección de la Agencia de Investigación Criminal, ya que lo consideran el “autor intelectual” de la verdad histórica.

Al finalizar su mandato en abril pasado, el GIEI llamó a la Fiscalía a “cambiar la narrativa del caso” y a profundizar nuevas líneas, luego de denunciar graves irregularidades en la investigación.