NUEVO LEÓN.- La reforma al Código Penal de Nuevo León aprobada por el Congreso local y que permite a los ciudadanos matar en legítima defensa ha desatado alarma entre organismos de derechos humanos y ha causado debate entre la población en general.
El 29 de mayo, el diputado del PAN, Marcos Mendoza Vázquez, presentó la propuesta ante el pleno del Congreso para cambiar el artículo 17 de la normatividad y agregar que la víctima de un delito no sólo pueda “dañar” a su agresor sino también lesionarlo y privarlo de la vida.
“La legislación favorecerá al que causare cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro, a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un lugar ajeno que aquel tenga obligación de defender, en el local en que tenga sus bienes o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen”, dice el texto.
La reforma fue aprobada por unanimidad al recibir el voto de los 42 diputados que conforman el Congreso local.
En esta Legislatura, dicho Congreso está integrado por 16 legisladores del PAN; 15 del PRI; dos de Movimiento Ciudadano; dos del PVEM; uno del PT; uno de Nueva Alianza, cuatro independientes y uno sin bancada.
Tras la aprobación, Mendoza consideró que el cambio ayudará a que los ciudadanos puedan defenderse ante situaciones de inseguridad.
“Se ha hecho un gran avance para que las leyes estén más del lado de los ciudadanos, quienes ante la ola de inseguridad, secuestros, ejecuciones y robos a casa habitación, sufren daño psicológico e incluso físico en muchas ocasiones”, señaló.
Los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso de la entidad, Marco González y Arturo Salinas, respectivamente, afirman que la reforma no es “un cheque en blanco”, sino una “licencia” para defender a las familias.
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón ya se ha manifestado a favor del cambio, bajo el argumento de que “el ciudadano puede estar sin temor y defender a su familia”.
Sin embargo, organismos de derechos humanos creen que la normatividad es negativa porque atenta contra la presunción de inocencia.
“Permitir el uso de armas en hogares podría aumentar el riesgo de incidentes que pongan en peligro la vida de terceros. La violencia o atentar contra la vida de una persona no es la solución para terminar con la delincuencia. Le corresponde al Estado, autoridad e instituciones judiciales”, señaló en un comunicado la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.
Mientras que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco, también alertó que la ampliación de la figura de la legítima defensa puede resultar contraproducente.
Por ello, aseguró que la institución revisará “que no sea como un cheque en blanco para cometer excesos o abusos”.
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